Proponen en el congreso acabar con gobiernos “imperiales”

Chilpancingo de los Bravo, Gro. El diputado Felipe Ortiz Montealegre, presentó al Pleno del Congreso Local una Iniciativa de Reformas a la Constitución Política del Estado, que acota las facultades del Poder Ejecutivo y consolida las facultades constitucionales del Congreso Local.
En ese tenor, el legislador propone que los Secretarios de Despacho no deban pedir permiso al Gobernador del Estado para comparecer ante el Congreso Local, pues en Guerrero no caben más las facultades imperiales de Altezas Serenísimas, señaló el legislador.
Además, considera en su Iniciativa, que siendo el jefe del Ejecutivo Estatal, el primer garante de los asuntos del Estado y administrador de la Hacienda Pública, debe ser sometido a juicio político.
Al respecto, la Iniciativa establece que el Gobernador del Estado, sólo podrá ser sujeto de juicio político por violaciones graves a la Constitución Federal y local, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, una vez que se haga la declarativa de procedencia en el Congreso de la Unión y comunicada al Congreso Local.
Asimismo, el diputado Felipe Ortiz Montealegre propone acortar de ocho a cuatro años la permanencia del titular de la Auditoria General del Estado (AGE), quien sería designado por el Congreso del Estado mediante el voto de las dos terceras partes.
Además, bajo el principio de la transparencia pública, propone que toda información en posesión de la AGE sea pública y sólo se reserva de sus actuaciones, diligencias y observaciones de forma temporal por razones de interés público en términos de ley, en tanto se hacen las investigaciones respecto al manejo y rendición de cuentas de los servidores públicos.
Ortiz Monteaelegre, dijo estar seguro que las propuestas legislativas que presentó ante el Congreso Local, contribuirán a asegurar la estabilidad, la seguridad, la ética, la justicia, y aseguren el desarrollo sostenible del imperio de la ley.
Pero precisó que las reformas propuestas, no son más que una exigencia de homologar los avances en materia constitucional con la Constitución Local , para implementar políticas coordinadas y eficaces para favorecer la transparencia, rendición de cuentas, debida gestión de los asuntos y bienes públicos y, la participación de la sociedad civil.