Legisla Chavarría y Gómez Maganda por un sistema integral de justicia de Adolescentes

Chilpancingo, Gro. Ante la impostergable obligación del Congreso de Guerrero para dar cumplimiento a un mandato constitucional en materia de justicia para adolescentes, este jueves los diputados Guadalupe Gómez Maganda y Armando Chavarría Barrera presentaron dos iniciativas de ley para adecuar el marco legal del estado a las reformas hechas a nivel federal.
La diputada Guadalupe Gómez Maganda presentó en una Iniciativa de Ley de Justicia de Adolescentes para el Estado de Guerrero, con el objetivo de atender los derechos de quienes por edad y condición social resultan ser más vulnerables.
El Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, contenido en dicha Iniciativa, abandona el modelo tutelar vigente en Guerrero y señala diferencias de edad para aplicar sanciones, lo que permite una mejor aplicación de la justicia.
Establece que las normas de justicia para adolescentes sólo se aplicarán a los adolescentes que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años; los menores de 12 años, sólo serán sujetos de rehabilitación y asistencia social.
Los principios fundamentales que rigen el Sistema, son los de interés superior del adolescente, protección integral del adolescente, el debido proceso legal, el de presunción de inocencia, de proporcionalidad en la determinación de las medidas, mínima intervención, subsidiaridad y especialización.
Señala que el Sistema deberá garantizar los derechos y garantías procesales que les han sido reconocidos a los adolescentes por el solo hecho de serlo, mas aquellos derechos y garantías específicas que, por su condición especial de personas en desarrollo, les han sido reconocidos en la Constitución, diversos instrumentos internacionales y leyes locales.
El diputado presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso Local, Armando Chavarría Barrera, también presentó una Iniciativa de Ley de Justicia Integral para Adolescentes del Estado de Guerrero, cuyo objetivo consiste en procurar la reintegración social y familiar de aquellos adolescentes involucrados en la comisión de una conducta antisocial.
Se abandona un régimen tutelar y se adopta uno de estricto derecho, donde la máxima duración de la medida en internamiento que se impondrá a los menores, será de cinco años para quienes tengan 14 años cumplidos y menos de 18 años de edad.
Establece la aplicación de medidas de tratamiento en externamiento –fuera de las Instituciones Especializadas creadas al efecto– para los mayores de 12 años y menores de 14 años de edad, y bajo la custodia de los padres, tutores o de quienes tengan la tutela legal de los adolescentes.
“El internamiento, como una medida de tratamiento, sólo deberá imponerse como última razón y ejecutarse en condiciones y circunstancias que garanticen el respeto de los derechos humanos de los adolescentes, quienes tendrán el derecho a disfrutar de actividades y programas útiles que garanticen”, señala la iniciativa del diputado Chavarría Barrera.
“Los derechos de los menores, son objeto de especial cuidado y tutela, al señalarse expresamente que estos serán, entre otros: la presunción de su inocencia; el aviso de su situación a sus padres o tutores en el menor tiempo posible; la designación de un defensor de su confianza; la asistencia gratuita de un intérprete cuando no comprenda o no hable el idioma español”.

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