Chilpancingo de los Bravo, Gro. Diputados de diversas fracciones parlamentarias y representaciones de partido, al fijar la postura de la comparecencia del secretario de Asuntos Indígenas, Crispín de la Cruz Morales, se pronunciaron a favor del respeto a los derechos de los indígenas, por la necesidad de un mayor presupuesto para la dependencia y la aplicación de políticas públicas eficaces que les permitan salir del atraso y la marginación.
Al fijar la postura del PANAL, el diputado José Natividad Calixto Díaz sugirió incrementar los proyectos productivos que beneficien a más comunidades indígenas, y así disminuir la marginación y la pobreza extrema que ofende y lastima; así como ampliar los programas en materia de educación con el firme propósito de beneficiar a los indígenas y así abatir el rezago educativo que existe en nuestro estado.
Añadió que en las comunidades indígenas se deben buscar alternativas para ampliar la cobertura del programa de pisos y techos, además de coordinarse con los ayuntamientos para establecer acciones que proporcionen los servicios necesarios a fin de satisfacer sus necesidades básicas y la construcción de caminos que permitan una mejor comunicación con todas las comunidades indígenas.
En su intervención, el diputado Victoriano Wences Real, del PT, reconoció que la SAI ha hecho esfuerzos, sin embargo dijo que no se han atendido de manera sustancial, permanente, eficiente y sustentable, los problemas de fondo que aquejan a los indígenas, sobre todo a los migrantes, los recluidos en los Ceresos, artesanos y productores, que siguen siendo excluidos de las políticas públicas del gobierno.
En ese sentido, argumentó que no son suficientes los más de 2 millones de pesos que se destinaron para fortalecer las capacidades organizativas y autogestivas de las redes sociales indígenas, porque no se ha logrado detonar el desarrollo de los pueblos indígenas.
Por ello hizo un llamado para que las políticas del Modelo Intercultural de los Pueblo Indígenas se apliquen realmente a favor de éstos, “pensando en todo momento que este gobierno tiene pendiente esta asignatura”.
El diputado Efraín Ramos Ramírez, de Convergencia, dijo que es urgente legislar para reconocer legalmente los derechos y cultura de los pueblos indígenas y afromestizas de la entidad, y de esta manera garantizar el ejercicio de sus formas específicas de organización comunitaria, de gobierno y de administración de justicia, y por ello convocó al funcionario estatal a lograrlo antes de que concluya la actual administración.
Se pronunció también por integrar la educación indígena, aprovechando la actual infraestructura de educación indígena básica y superior, promoviendo la creación de escuelas secundarias y de educación medio superior, además de rescatar y fortalecer las lenguas originarias de los pueblos.
El legislador manifestó que es necesario que el gobierno estatal continúe trabajando en el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas para coordinar y orientar mejor la inversión estatal y federal, promoviendo de mejor manera las capacidades productivas, políticas, sociales y culotarles de este sector.
A nombre del Partido Acción Nacional, el legislador Antonio Galarza Zavaleta aseguró que el informe presentado por la SAI carece de información porque no se encuentran propuestas de cómo se solucionarán los problemas más apremiantes de los pueblos indígenas de Guerrero.
Por eso consideró urgente tomar medidas para ampliar el apoyo de beneficio con los programas que implementa la dependencia, ya que en la entidad un gran porcentaje de población es indígena, lo que obliga al gobierno a poner mayor énfasis para impulsar su desarrollo.
Consideró que la SAI debe ser una promotora más agresiva para cambiar la situación general y particular de nuestros indígenas a fin de integrarlos al desarrollo nacional. “Debe usted gestionar la inversión pública y privada en éstas zonas, con la instalación de empresas que apoyen y exploten sus propias capacidades creativas, como es la artesanía, la agricultura y sobre todo la educación, con el propósito de saltar al desarrollo”, precisó.
La diputada Silvia Romero Suárez, a nombre del PRI, señaló que los recursos destinados a la SAI son insuficientes para atender la problemática que viven los indígenas en diferentes rubros, como educación, vivienda, migración, entre otros,
Añadió que la fracción parlamentaria del PRI está convencida que no se pueden desempeñar tareas sociales sin recursos, y por eso exigió la actuación del gobierno estatal en la atención de los indígenas, “y que pugne en los hechos por el respeto irrestricto de los derechos humanos. Reclamamos de su gobierno, eficacia jurídica en materia de derechos a los pueblos y comunidades indígenas”.
Asimismo, demandó que el gobierno estatal “comprometa los recursos necesarios para que los indicadores que midan la calidad de vida de los indígenas, alcancen un promedio aceptable dentro del índice de Desarrollo Humano, en materia de salud, alimentación, ingresos y facilidades para impulsar la vida comunitaria. Es decir, a construir políticas públicas que garanticen el verdadero acceso a los satisfactores básicos”.
En la postura del PRD, el diputado Enrique Herrera Gálvez coincidió en que el presupuesto que se destina para programas de desarrollo en regiones indígenas es insuficiente, lo que se traduce en bajos índices de desarrollo económico, social y humano entre estos pueblos.
Expresó que los resultados de los diez programas que forman parte del Modelo Intercultural para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se puedan plasmar en la realidad, no sólo en informes; ”enfóquese en acciones concretas como la orientación para que los recursos obtenidos a través del programa oportunidades los destinen al aprovechamiento de sus tareas cotidianas”, dijo.
Finalmente, el legislador refrendó el compromiso del PRD con todos los grupos sociales, porque “reconoce los derechos específicos de los pueblos indígenas, con quienes comparte sus vicisitudes de vida, usos y costumbres, y en conjunto reclamamos dicho reconocimiento, no sólo de esta Secretaria que hoy toca comparecer, sino de todas las Instituciones que integran la administración de los tres niveles de gobierno, estableciendo como compromiso la defensa por el reconocimiento de sus derechos, principalmente al estilo de vida de cada cultura indígena”.
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