Al fundamentar el dictamen en tribuna, la diputada Irma Lilia Garzón Bernal dijo que para obtener la evidencia suficiente y competente de las operaciones reportadas en la cuenta pública estatal, la Auditoría General del Estado aplicó las normas de auditoría generalmente aceptadas y los postulados básicos de contabilidad gubernamental que permite obtener seguridad de que los ingresos y egresos reportados no contiene errores importantes.
Señaló que el informe de la AGE menciona que se verificó que los ingresos y egresos se hubieran aplicado en apego a los ordenamientos de las leyes de Coordinación Fiscal, de Ingresos de la Federación y del Estado durante el ejercicio fiscal 2008, del Presupuesto de Egresos de la Federación y del Presupuesto de Egresos y la Contabilidad Gubernamental de la entidad.
Mencionó que los ingresos en el periodo enero-diciembre 2008 fueron de 34 mil 166 millones 294 mil pesos, equivalente a 18.8 por ciento superior del presupuesto original autorizado por el Congreso, mientras que los egresos ascendieron a 34 mil 458 millones 652.9 mil pesos, que representaron el 19.8 por ciento superior del presupuesto original.
Destacó que de la comparación de los ingresos y egresos se observó un déficit presupuestal de 292 millones 358.9 mil pesos que incluye la reclasificación del FAEB por 224 millones 236.9 mil pesos, misma que fue solventada en tiempo y forma por la entidad fiscalizada.
En ese tenor, manifiesta que el informe de resultados emitido por la AGE cita y cuantifica 152 observaciones determinadas que en conjunto sumaron 209 millones 661.4 mil pesos, de cuales se informó que fueron solventadas observaciones por 201 millones 412.3 mil pesos por la Secretaría de Finanzas, quedando pendientes 8 millones 249.1 mil pesos.
Por lo tanto, la legisladora pidió al Pleno votar a favor del dictamen emitido por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Puntos de Acuerdo
En otros asuntos, el Congreso del Estado exhortó al Gobernador Zeferino Torreblanca Galindo para que a través del INVISUR, fortalezca su política de apoyo para regularizar la tenencia de la tierra en colonias irregulares del Puerto de Acapulco.
La propuesta presentada por la diputada María Antonieta Guzmán Vizairo, que fue aprobada por unanimidad, también solicita se flexibilicen los procedimientos ya existentes con el propósito de darle a los posesionarios de predios, la seguridad jurídica de la propiedad, siempre y cuando ésta no se encuentre en una zona de alto riesgo.
Durante la sesión plenaria de este jueves, la legisladora también pidió que el Gobierno del Municipio de Acapulco evite la creación de nuevos asentamientos irregulares en zonas protegidas y busquen hacer respetar los ordenamientos relacionados al desarrollo urbano y la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo.
Expuso que muchas de las colonias populares del puerto de Acapulco son asentamientos irregulares que se encuentran en 385 hectáreas del Parque Nacional El Veladero y de las cuales, el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano del Estado de Guerrero reconoce 52 colonias que no tienen el sustento jurídico que les permita a sus posesionarios ser realmente dueños de esos predios.
Agregó que sería un acto de justicia escuchar la demanda de regularización de la tenencia y expresó que lo que no se puede hacer, es “tolerar nuevas invasiones y fomentar el crecimiento de colonias en aéreas protegidas”. Participó en el mismo punto el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano.
De igual manera, los diputados locales aprobaron exhortar al titular de la Auditoria General del Estado (AGE), Ignacio Rendón Romero, a que analice y sea reformado el esquema para contratar fianzas llamadas de fidelidad, a partir de establecer una tasa única, y determinando rangos en cuanto al monto de los Presupuestos de Egresos de las entidades fiscalizadas.
Mediante Acuerdo Parlamentario presentado al pleno por el diputado Carlos Álvarez Reyes, los legisladores consideraron que existen inconsistencias en los criterios y montos vigentes, emitidos por la AGE y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero Número 60, de fecha 28 de julio de 2009, los cuales ya han sido rebasados ante la insuficiencia de los recursos públicos municipales.
Por ello, señala el Acuerdo, una mejor opción sería conformar un Fondo de Garantía Municipal (FOGAMUN) a través de un fideicomiso en el que se integrarían las aportaciones de cada uno de los Ayuntamientos Municipales, para resarcir daños a las haciendas públicas municipales ante la comisión de posibles actos ilícitos por parte de algunos funcionarios y empleados.
La estructura del FOGAMUN, de acuerdo con el diputado Alvarez Reyes, se definiría con la participación directa de los Ayuntamientos de los 81 Municipios, contando con la asesoría técnica, legal y profesional por parte de personal ampliamente reconocido en la materia del Gobierno del Estado, así como de instituciones públicas como el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) y BANOBRAS.
El diputado sugirió que en caso de no haberse presentado ilícitos que causen daños en contra del patrimonio municipal, las aportaciones al fideicomiso tendrían el carácter de reembolsables a manera de ahorro, para que al término del ejercicio fiscal que corresponda, se puedan destinar al pago de gastos y prestaciones de fin de año. Participó en el mismo punto la legisladora Guadalupe Gómez Maganda.
En otro tema, se turnó a la Comisión de Transporte de la LIX Legislatura un exhorto a la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, propuesto por el diputado Ignacio de Jesús Valladares Salgado, para que a través del director Eleazar Felipe Valencia Díaz realice una investigación a las organizaciones transportistas denominadas Unión de Transportistas Campesinos Unidos de Teloloapan y Cooperativa de Transportes del Sur y Norte de México S.C de R.L de C. V. para que se cerciore de que se dedican al transporte público y cuentan con padrón de trabajadores del volante.
Se solicitaba también suspender la entrega de concesiones a dichas organizaciones hasta que se haga una revisión y se corrobore que las citadas organizaciones reúnen los requisitos de ley para obtener concesiones, pero la propuesta no obtuvo la votación necesaria para ser considerado un asunto de urgente y obvia resolución y por eso fue turnado a comisiones.
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