Chilpancingo, Gro., 13 de Mayo de 2010.- Diputados locales exhortaron a las autoridades competentes que revisen cuidadosamente los expedientes de indígenas presos que son procesados por delitos del fuero común y que se evalúe la posibilidad de su liberación inmediata donde existan indicios de inocencia o bien se les otorgue algún otro beneficio al que legalmente puedan tener derecho.
Ante el pleno de la 59 Legislatura, el diputado Rutilio Vitervo Aguilar (PRD) expuso que los indígenas han sido protagonistas en muchos conflictos sociales y armados del país y que a la fecha esa participación no se ha traducido en el reconocimiento y garantía de sus derechos y que al contrario se le han vulnerado.Ejemplificó el caso de las indígenas otomíes Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan acusadas de secuestro y condenadas a 21 años de cárcel, y que después fueron absueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejando al descubierto la discriminación que sufren los indígenas por parte del aparto de administración de justicia en el país.
Dijo que así como ellas hay cientos recluidos injustamente en alguna cárcel del país, que Guerrero no es excepción porque hay más de 400 indígenas enfrentando procesos penales injustos, por lo que “el acceso a la justicia y a un proceso justo y legal es una asignatura pendiente por parte del Poder Judicial del Estado”.
Por lo anterior, pidió exhortar al Ejecutivo Estatal, al secretario de Asuntos Indígenas, al subsecretario de Prevención y Readaptación Social, y a los titulares de la Defensoría de Oficio, de la Procuraduría de Defensa del Campesino, de la Fiscalía Especializado para la Atención de los Pueblos Indígenas de la Procuraduría General de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia, para que revisen los expedientes de los indígenas que están procesados por delitos del fuero común y se evalúe la posibilidad de su liberación.
En el Acuerdo Parlamentario se exhorta también al titular del Poder Judicial Federal, a los titulares del Instituto Federal de la Defensoría Pública, de la Procuraduría General de la República de la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas, del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social para que revisen exhaustivamente los expedientes de los indígenas presos en los Guerrero para que se evalúe si es pertinente su liberación.
Exhorto a la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad
En otros asuntos, se aprobó también por unanimidad un exhorto, propuesto por la diputada María Antonieta Guzmán Visairo, al titular de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad de la entidad para que regularice el transporte público en el puerto de Acapulco, se respete la Ley y retiren de los camiones urbanos los aparatos de sonido y las imágenes denigrantes con que han sido rotulados.
En el documento la diputada señala que el transporte público en dicho municipio ha generado, en los últimos años, una imagen negativa tanto para la sociedad como para los turistas, además que todos los días hay quejas sobre los operadores de camiones urbanos.
Por ello, solicitó también al secretario General de Gobierno, Guillermo Ramos Ramírez, que la dirección de Transportes y Vialidad realice un operativo en el transporte público para que los operadores sean personas con actitud de servicio y experiencia para llevar a cabo su actividad, se pide a demás al secretario de Turismo que implemente una campaña de promoción de los destinos turísticos alternativos para la entidad en las unidades del transporte público.
Sobre el tema el diputado Francisco Javier Torres Miranda propuso una adición para que en el acuerdo no se estableciera que la participación del ayuntamiento en el operativo que realizaría la Comisión Técnica de Transporte, la petición fue rechazada por mayoría de votos.
El diputado Efraín Ramos Ramírez también intervino y consideró que sí debería exhortarse al ayuntamiento porteño porque la dirección municipal de Tránsito es la encargada del transporte local.
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