REMATE

Por Norberto Cruz Cuevas

Crónica de una llegada anunciada

Luego de más de10 meses de estar acéfala, la titularidad de la procuraduría General de Justicia de Guerrero, de un procurador y un encargado de despacho que dimitieron, de cientos de muertos hasta llegar a más de 400  que supuestamente fallecieron a manos del crimen organizado, de la incertidumbre y la desconfianza de los habitantes de Guerrero en torno a las autoridades encargadas de la procuración de la “justicia y de la prevención de los delitos”, además de opacidad del titular del Poder Ejecutivo, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, que envió la terna de candidatos al Poder Legislativo hasta que quiso, eligen por fin a David Augusto Sotelo como titular de la PGJE, nombramiento que fue avalado por 35 de los 46 diputados integrantes del Congreso del estado.
En una sesión más de cantada, de trámite, donde a meses de que concluya la administración estatal, ante el homicidio del candidato al Gobierno del Estado de la Coalición Todos Tamaulipas, PRI y Verde, Rodolfo Torre Cantú, que fue asesinado a balazos junto a otras cuatro personas por el kilómetro 9 de la carretera a Soto La Marina, de las elecciones este domingo en 12 estados, donde se habrán  de renovar igual número de gubernaturas, del cierre del ciclo escolar, de las intensas lluvias que se registran en la entidad, de la premura de los legisladores para asistir como observadores a los procesos electorales a los estados de Oaxaca y Veracruz, del exhorto del Presidente de México, Felipe Calderón al diálogo y la reconciliación, de los señalamientos de la  presidenta del CEN del PRI, Beatriz Paredes Rangel de que “lucra con la tragedia”, de los anuncios presidenciales de que el gobierno federal absorberá el pago de la tenencia vehicular, cuando se adquieren unidades automotrices  hasta por un monto de 250 mil pesos y de simplificar el pago de trámites fiscales, el nombramiento de Augusto Sotelo Rosas de Procurador de Justicia de Guerrero, pasó de ser una noticia del primer orden a ser una nota de relleno.
Sin embargo fueron los propios perredista  que a  nombre del diputado Celestino Cesáreo Guzmán, lapidaron la actuación de la presente administración en el ámbito de la  procuración de la justicia, al señalar que hoy, con diez meses de retraso llega a esta soberanía la terna enviada por el Ejecutivo para que de ella nombremos al Procurador del Estado. Llega en una situación de emergencia para el país y para Guerrero, cuando la sociedad se encuentra en un estado de indefensión alarmante ante la delincuencia.
Al hablar sobre la democracia y la alternancia en el poder, el legislador señaló;  en el 2005 los ciudadanos se decidieron por la alternancia, quienes durante toda nuestra vida habíamos luchado por establecer una sociedad democrática, creímos que había llegado la hora para que Guerrero viviera en un régimen moderno. Dirimidas por leyes, nuestras diferencias dejarían de ser motivo de confrontación, lo que permitiría ingresar a una era de paz, progreso y justicia, cargada de esperanzas, en 2005. Es por ello  que la sociedad suriana se embarcó en esa aventura democrática.
Sin embargo el asesinato de algunos luchadores sociales como Homero Lorenzo Ríos, Álvaro Rosas Martínez, de los líderes indígenas Raúl Lucas y Manuel Ponce, sin que las instituciones de procuración de justicia cumplan con su tarea, fue debilitando nuestro optimismo.
Pero si en los tres primeros años de gobierno nuestra esperanza en el cambio había venido siendo socavada, ésta sufrió un golpe brutal el 20 de agosto de 2009, cuando diez balas asesinas terminaron con la vida, del Presidente de la Comisión de Gobierno de  este Congreso, Armando Chavarría Barrera.
Que ese 20 de agosto nos dimos cuenta cuan lejos estábamos de la democracia y cuanto tendríamos que luchar para evitar la restauración del viejo régimen; ese día, mediante una lección de sangre, entendimos que no es suficiente vencer a los adversarios en las urnas para dar paso a una nueva sociedad, sino que hay que luchar día a día, en los partidos, en las escuelas, en las familias, en el ejido, en los medios de comunicación, para instaurar una cultura democrática que se convierta en el blindaje de la alternancia.
A once meses de acaecido aquel crimen, la sociedad guerrerense: sindicatos, clase política, militantes de izquierda, aún no hemos logrado asimilar la magnitud de ese trágico suceso para la vida de la sociedad suriana.
Esta ola de atentados que estamos sufriendo a lo largo del territorio nacional no respeta posiciones ni jerarquías, de la misma manera caen asesinados humildes ciudadanos y altos funcionarios; con ser igual de valiosas todas las vidas, no podemos dejar de reconocer que cuando esos crímenes son contra representantes sociales, se está atentando contra la sociedad toda, y su esclarecimiento y castigo se convierte en una cuestión de sobrevivencia del Estado de derecho.
Desde el 20 de agosto de 2009, cuando fue acribillado el diputado Armando Chavarría, han transcurrido 315 días, que deberían ser suficientes para que una institución como la Procuraduría General de Justicia del estado hubiera esclarecido este crimen y castigado a los culpables, o al menos que la investigación llevara un alto grado de avance, que nos diera confianza en las instituciones de justicia, para evitar que la falta de resultados, se llenen con especulaciones.
Tampoco podemos olvidarnos de los cientos de ciudadanos que han muerto en esta ola de violencia criminal. Atribuirle todas estas muertes al crimen organizado es cómodo, pero no resuelve la injusticia ni la incertidumbre. Pero con ser relevante este caso, desgraciadamente no es el único. A casi dos años del asesinato del doctor Homero Lorenzo, tampoco sabemos nada de sus asesinos, ni de Álvaro Rosas, ni de Raúl Lucas y Manuel Ponce, que llevan un año de impunidad.
Por su parte a nombre de la fracción parlamentaria del PRI, correspondió a  la diputada Guadalupe Gómez Maganda fijar la postura y señaló: no es cosa menor carecer de Procurador General de Justicia, porque este funcionario es el Titular de la Institución y Representante del Estado en juicio, y tiene por Ley atribuciones que no pueden ser delegadas y que, por tanto, no puede cubrir un “encargado”. Por ejemplo:
Sólo el Procurador puede comparecer ante el pleno del Congreso para informar sobre asuntos del ramo;
Sólo él puede proponer al Ejecutivo iniciativas de reformas jurídicas en materias de su competencia, así como reglamentos;
Únicamente el Procurador puede prestar al Poder Judicial el auxilio necesario para el debido ejercicio de sus funciones;
Sólo él puede participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y celebrar convenios, acuerdos con autoridades federales, estatales y municipales;
Únicamente el Procurador  se puede desistir de la acción penal en los casos que proceda, y coordinar y dirigir las actividades de la policía bajo la autoridad del ministerio público y las policías municipales cuando actúen en cooperación con esa institución, así como operar el seguimiento de los programas federales relacionados con asuntos de su competencia.
En suma, si sólo el Procurador electo por el Congreso en los términos constitucionales puede ejercer esas atribuciones, su carencia limita seriamente a la institución encargada de velar por la seguridad pública, hecho particularmente grave en un escenario, como el de nuestra entidad, donde la delincuencia pretende imponer su ley, y la sociedad y la comunidad política siguen esperando los resultados de investigaciones sobre asesinatos que han cimbrado a Guerrero, como el de nuestro compañero legislador, Armando Chavarría Barrera. El gobierno de Guerrero no puede carecer de Procurador, como ha sucedido  durante los últimos nueve meses. Por eso, es necesario que en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, se precise la temporalidad en la que el Ejecutivo deba cumplir con esta obligación constitucional.