Inadmisible regular la asignación de publicidad oficial

Por Salomón Flores

Chilpancingo Gro., 05 de Septiembre de 2010.- Para los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero Marino, y el de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, en su informe que dan a conocer sobre su visita que hicieron a México, señalan el Estado mexicano, asigna discrecionalmente, arbitrar ariamente y discrimina, de la publicidad a medios de comunicación y ese es uno de los principales obstáculos para el pleno goce de la libertad de expresión en el país.
Las Relatorías de libertad de expresión tanto de la ONU y OEA, recomiendan al estado mexicano regular la asignación de la publicidad oficial en todos los niveles de gobierno, y ponen como ejemplo que el gobierno de Veracruz, su gasto en publicidad es considerado información reservada así como en Chiapas también, lo cual es inadmisible.
De acuerdo a la información presentada por las relatorías se establece de manera clara que la asignación de la publicidad es utilizada para presionar, castigar, premiar o privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
Ambos relatores coincidieron en que el marco jurídico existente no impide esta práctica y hace urgente la aprobación de reglas claras, objetivas, transparentes y no discriminatorias para la contratación de la publicidad. Las relatorías señalan que este vacío jurídico afecta a los tres niveles de gobierno, particularmente a los estados, “donde la asignación de la publicidad oficial frecuentemente resulta aún más arbitraria y menos transparente”.
El informe hace especial hace referencia sobre el caso de Veracruz, donde el Gobierno del Estado considera como información reservada su gasto en comunicación social y publicidad gubernamental.
Cabe destacar que las ONG, artículo 19 y Fundar han impugnado la clasificación de la información como reservada y están en espera de la resolución del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Veracruz no es el único caso. El Estado de Chiapas también ha reservado su información sobre gasto en publicidad oficial.
ARTICLE 19 y Fundar han constatado que la arbitrariedad con la que se distribuye la pauta gubernamental en los tres niveles de gobierno vicia de manera estructural la relación entre medios de comunicación y gobierno. Esta práctica afecta la cantidad y calidad de información que recibe la sociedad.
ARTICLE 19 y Fundar estiman que la relación entre medios y gobierno no puede seguirse llevando sobre la base de un marco normativo casi inexistente, acuerdos no escritos y decisiones discrecionales por parte de la autoridad. El mal uso de la publicidad oficial aleja tanto al gobierno como a los medios de comunicación del papel que deben de tener en un sistema democrático.