Solicitan juicio político en contra Marco Antonio Adame Castillo

*Mil 500 priistas y perredistas marchan juntos del Calvario al Congreso para demandar la salida del gobernador...
* Primero Jorge Carrillo, luego Sergio Estrada y ahora Marco Adame en la vorágine del juicio político…

Por Norberto Cruz Cuevas

Cientos de inconformes en promedio mil 500 personas marcharon del Calvario al Congreso, para demandar la salida del gobernador y presentar ante el secretario de Servicios Legislativos de la Cámara de Diputados, Tomás Osorio Avilés la solicitud de juicio político contra Marco Antonio Adame Castillo.

Primero,  el 18 de mayo de 1998,  la sociedad civil promovió, la primera solicitud de juicio político en contra de un gobernador, en particular contra el general Jorge Carrillo Olea, los motivos argumentados la inseguridad, Luego en el año en  2003  toco el turno al panista Sergio Estrada Cajigal, los motivos fueron los mismos.
Dirigentes sociales entre ellos militantes del PRI y PRD- presentaron ayer, ante el Congreso de Morelos, solicitud de juicio político en contra del gobernador, Marco Antonio Adame Castillo, por omisiones en materia de seguridad pública y en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales.
El dirigente del PRI en Cuernavaca, Erick Yair Salgado Fernández, encabezó  la manifestación, el evento contó con  la participación activa de los “líderes sociales” Ignacio Suárez Huape, José Montes Ramírez, Nicanor Pérez Reynoso, Héctor Salazar Porcayo, Yolanda Nájera, Carlos Campos y Juan Manuel Rojas, quiénes  entregaron la petición de juicio político  contra Adame Castillo. El documento consta de 420 fojas.

En contra de Adame Castillo ya existe una demanda de juicio político iniciada por el abogado Marco Antonio García. Entre los “considerando jurídicos, de la solicitud de juicio político” se pondera la designación del titular del Poder Ejecutivo en favor de La designación de Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez como secretario  Seguridad Pública, que hoy está procesado por brindar protección del crimen organizado, en el penal de Alta Seguridad de la Palma de Nayarit.
Otros de los  considerandos son; por omisiones de la Procuraduría General de Justicia en la investigación de más de 314 homicidios dolosos cometidos sólo en 2010, además de tener rezago en más 500 carpetas de investigación. “La omisión en las investigaciones sobre las ejecuciones es muy grave y sospechosa”, dicen.
De igual modo, lo responsabilizan de la problemática laboral existente, al no respetar plazos constitucionales, lo que ocasiona que no exista justicia pronta y expedita en la tramitación asuntos laborales y juicios.
Así como que  “mintió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación” al no publicar la Reforma Constitucional emitida por el Congreso en relación a la inamovilidad de magistrados, informado que si lo había hecho, cuando en realidad se encontraba en España.
Y por no haber publicados reglamentos y leyes emitidas por el Congreso del Estado, ocasionando impunidad y falta de aplicación plena de las normas, lo que lesiona y deja de estado de indefensión a los ciudadanos.
Sobre el tema  de la entrada de la  solicitud de juicio político en contra del titular del Poder Ejecutivo, Luis Miguel Ramírez Romero, presidente de la Junta Política y de Gobierno, expreso que “toda solicitud, incluida la de juicio político contra el Gobernado, será atendida con respeto y conforme a Derecho”.
“No considero, por el momento, que sea correcto emitir un juicio de valor, ante la presunta entrega de una demanda de juicio político; lo que deben saber los ciudadanos es que si se presentan ante el Congreso del Estado, sin importar el signo político al que pertenezcan, se les va atender y a recibir la documentación que quieran exhibir”.
Luis Miguel Ramírez señaló que toca a la Mesa Directiva,  recibir la correspondencia vía la oficialía de partes. En caso de tratarse de una demanda de juicio político, el turno para su análisis será para la Junta Política, donde se valoraran las expresiones y pruebas que para tal fin se adjunten; “no se trata solo de un asunto de votos, en cuanto si algún grupo reúne o no los 20 votos para incoar el juicio, se trata también de que la demanda y sus bases tengan sustento jurídico, pues se trata de procesos legales que tienen  tiempos, formas y periodos largos para su desarrollo”.
Por su  parte German  Castañón, presidente del CEN del PAN manifestó que se trata de una intentona por parte de los priistas por desviar la  veracidad de la opinión pública, sobre la  buena administración que desarrolla el gobernador Marco Antonio Adame, que el domingo ante miles de morelenses en la plaza de armas  expuso  los logros de 4 años de buena administración.
Estos hechos son el reflejo del fracaso de la administración priista del edil  Manuel Martínez Garrigos que también debe ser sometido a  juicio político, los argumentos son  las decenas de ejecuciones que se han registrado en la capital del estado.