Chilpancingo, Gro., abril 27 de 2011 (IRZA).- La familia Chavarría Obeso exigió al Congreso local juicio político contra el ex gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo por las “irregularidades” detectadas en la investigación derivadas del asesinato de su esposo, Armando Chavarría Barrera.
Exigió la misma acción contra el ex procurador, David Augusto Sotelo Rosas, el encargado de la fiscalía estatal, Albertico Guinto Sierra, los ex fiscales especiales del caso Chavarría Barrera, Pablo Jasso Barrera, Martín Jiménez Juárez y el ex fiscal regional de la Zona Centro, J. Jesús Miranda Rodríguez, éste último, desaparecido desde hace más de 15 días.
En conferencia de prensa que ofreció este miércoles en un céntrico restaurante, Obeso Cazares, exigió al gobernador, Ángel Aguirre Rivero, investigar a fondo el destino del expediente de la investigación asentada en la averiguación previa BRA/SC/1751/2009 iniciada por el asesinato del ex diputado local perredista, Armando Chavarría Barrera, su esposo, ocurrida el 20 de octubre del 2009.
También exigió castigo contra los ex funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de la anterior administración estatal, encabezados por el ex gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, a quienes calificó de “criminales”.
Resaltó que para la familia Chavarría existe la sospecha fundada que el ex mandatario estatal y ex funcionarios de la PGJE desaparecieron el expediente de las investigaciones del crimen del ex líder perredista, “Quién sino los propios gobernantes tendrían el poder para extraviar un expediente de esa importancia”.
Añadió, “ya lo podemos imaginar aprovechando la noche para robarse la documentación del caso, borrando sus huellas, lavándose las manos con alcohol, recurriendo al fuego purificador para quitarse el olor a olvora y arrancarse la sangre seca”.
La viuda del extinto legislador puso en duda que el expediente de la investigación se encuentre en poder de la Procuraduría General de la República (PGR) como lo afirmó el ex procurador, David Augusto Sotelo Rosas.
“La PGR nunca ha informado mediante qué situación tiene este expediente, presumimos que lo tienen por filtraciones que se han hecho, por el ex secretario general de Gobierno, Israel Soberanis Nogueda y del ex procurador, David Sotelo Rosas”, dijo.
Durante la conferencia de prensa, Martha Idalia Obeso Cazares ratificó que no le queda duda que “el crimen del (ex) diputado, Armando Chavarría Barrera, mi compañero, fue perpetrado desde el poder, desde esa mafia que sin importar alternancias sigue detentándolo y sirviéndose de él para defender sus privilegios”.
También advirtió a la nueva administración estatal encabezada por el gobernador, Ángel Aguirre Rivero que no se atrevan a pactar una “negociación” para proteger a los ex funcionarios estatales que llevaron el caso de su ex esposo.
“No quiero ni siquiera pensar que pudieran darse negociaciones en las alturas del poder para proteger a los que se han ido y la única manera de demostrar que no las hay, es que se enjuicie a los criminales que, escudados en la ley, permitan que este crimen quede impune”, sentenció.
Abundó, “no estoy hablando de un simple policía, ni un modesto ministerio público, hablo de los procuradores, cuya tarea es impartir justicia”. Expuso que a 20 meses de lucha, “han socavado terriblemente mi ánimo y mi salud, pero sobre todo, han debilitado mi confianza y la de mi familia en nuestras instituciones”.
El lunes en conferencia de prensa el procurador general de Justicia, Alberto López Rosas reveló que el expediente de las investigaciones iniciadas por el asesinato del ex diputado local perredista, Armando Chavarría Barrera habían desaparecido literalmente de la fiscalía estatal y ni siquiera el acta certificada que compruebe que la el caso fue atraído por la Procuraduría General de la República (PGR).
Además de que el último funcionario de la PGJE que tuvo en su poder el expediente, el fiscal regional de la Zona Centro, J. Jesús Miranda Rodríguez, también desapareció, pues desde más de 15 días no ha sido localizado ni en su domicilio.
Obeso Cazares añadió que un día antes de que el procurador, Alberto López Rosas revelara la situación a los medios de comunicación les informó de manera personal lo que estaba ocurriendo, le agradeció el gesto pero afirmó que “sólo es eso, un detalle”.
Porque la familia Chavarría –dijo- lo que demanda es justicia, “no nos importa quién esté al frente de las instituciones que la imparten, más allá de los nombres y los cambios en la burocracia, el estado es el mismo y quienes hoy están al frente de las instituciones de impartición de justicia tienen la obligación de satisfacer a la ciudadanía”.
Una disculpa a todos nuestros lectores, se tiene problemas con la publicación de los comentarios, pero es un problema ajeno a nosotros, el servidor es el que ha tenido problema. Por su comprensión, Gracias.
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