En su intervención, el diputado Victoriano Wences Real, aseguró que las estadísticas en materia de procuración de justicia no son favorables para Guerrero, ya que se tiene un enorme déficit de procuración de justicia, y ejemplificó que el año pasado se iniciaron más de 20 mil averiguaciones previas por diferentes delitos, de las cuales se resolvieron 13 mil, lo que equivale a que sólo el 5 por ciento de los agraviados tuvieron respuesta.
Por esta razón, consideró que la credibilidad de la dependencia se ha agudizado, y se pronunció para que de manera profesional se resuelvan asuntos como la pérdida del expediente sobre el asesinato de Armando Chavarría Berrera, el asesinato del dirigente del PT, Rey Hernández García, los feminicidios que se han registrado en la entidad, el cese la persecución contra líderes sociales y la garantía al respeto a la libertad de expresión.
En su oportunidad, el diputado Marco Antonio Cabada Arias, de la fracción Independiente, mencionó que se necesita realizar una investigación completa del supuesto extravío del expediente y que en caso de demostrarse que existe responsabilidad administrativa y penal se proceda conforme a derecho.
Asimismo, el legislador expresó la voluntad de la fracción para coadyuvar en lo necesario para que los problemas se resuelvan en beneficio de los guerrerenses y lo exhortó a que los asuntos de la procuraduría se traten con discreción y profesionalismo.
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Convergencia, el diputado Efraín Ramos Ramírez, calificó como lamentable el extravío de dicho expediente, por lo que exigió que se abra una pronta, expedita y eficaz, investigación para esclarecer hasta sus últimas consecuencias de quién o quiénes pudieran ser los responsables de la pérdida.
El diputado expresó que urge el saneamiento y la reforma a fondo de la procuración de justicia, porque “Guerrero no puede seguir sosteniendo una estructura ministerial que actúa más a favor de los delincuentes que de las víctimas”.
En ese sentido, precisó que “los guerrerenses esperan que el funcionario enderece el barco de la procuración de justicia y lo lleve a buen puerto”, porque se ansia un Estado donde impere la paz, la concordia, la legalidad, la justicia y donde el poder público sea el primer comprometido con el cumplimiento de la Ley y garante del estado de derecho.
A nombre del Partido Acción Nacional la diputada Irma Lilia Garzón Bernal, consideró necesario reforzar la alianza entre el gobierno y la sociedad en la lucha contra la impunidad y la corrupción para que los ciudadanos confíen plenamente en el sistema jurídico y en el desempeño de las instituciones.
Sobre la desaparición del expediente, la también presidenta de la Mesa, dijo, que es condenable, y que el esclarecimiento resulta emblemático para la sociedad guerrerense, porque no debe prevalecer el sentimiento de impunidad; por ello, se pronunció porque no se cometan los mismos excesos del pasado y que exista transparencia, profesionalismo y honestidad.
La diputada Guadalupe Gómez Maganda Bermeo, al fijar la postura del PRI, refirió que no puede ocultarse el desaliento que existe en los guerrerenses por la escases de resultados en materia de procuración e impartición de justicia, que favorece la impunidad y corrupción en las entidades.
Dijo que es importante no perderse en la búsqueda del expediente del asesinato de Armando Chavarría y que el fin fundamental sea identificar y sancionar con todo el rigor de la ley a los responsables.
Precisó que a su fracción le hubiera gustado escuchar el compromiso de trabajar en el esclarecimiento del homicidio como el del ex diputado José Bajos Valverde, de periodistas reconocidos, el atentado a Guillermo Sánchez Nava, del dirigente del PT, el asesinato de mujeres y otros que están pendientes.
El diputado Celestino Cesáreo Guzmán, del PRD, afirmó que existe una gran impotencia y sentimiento de indefensión por la desaparición del expediente, por lo que señaló que es importante que este nuevo gobierno se cimente en los resultados inmediatos, objetivos y contundentes para conocer la verdad de estos hecho que enlutó no sólo a la familia Chavarría sino al Poder legislativo y a los guerrerenses.
El legislador precisó que la desaparición del expediente es motivo suficiente para citar a declarar al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, así como a los funcionarios responsables de la investigación, “porque ante este hecho es evidente la complicidad de funcionarios de la anterior administración para ocultar las evidencias sobre el crimen”.
Cesáreo Guzmán solicitó al procurador dictar el arraigo contra los funcionarios de que el expediente no aparezca, entre ellos al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, porque a todos a luces es relevante por eso se exige el cumplimiento de la Ley”.
Cuestionaron al Procurador General de Justicia los legisladores, Victoriano Wences Real (PT), Irma Lilia Garzón Bernal (PAN), Faustino Soto Ramos (PRD) Héctor Vicario Castrejón (PRI), Marco Antonio Cabada Arias (Fracción Independiente), Ramiro Jaimes Gómez (PAN), Ignacio Ocampo Zavaleta (PRI), Carlos Álvarez Reyes (PRD) y Catalino Duarte Ortuño (PRD).
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