Armando Ríos Piter apoya la lucha por el respeto a los derechos humanos

México, D.F.- Armando Ríos Piter, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, felicita desde este espacio al fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, y reitera su compromiso de apoyar la lucha por el respeto a los derechos humanos y la protección a los activistas de esta causa en Guerrero y todos los estados de la República.
En la ciudad de Berlín, este sábado 28 de mayo el antropólogo Abel Barrera Hernández, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, recibió del capítulo Alemania de Amnistía Internacional el Sexto Premio de Derechos Humanos, en reconocimiento a sus investigaciones sobre violaciones, ejecuciones y desapariciones forzadas por el Ejército, la policía y fuerzas paramilitares en el estado de Guerrero, razón por la que el legislador perredista expresa su reconocimiento a tan gran labor.
El guerrerense además, indica la vigencia del trabajo del Grupo Parlamentario del PRD y su agenda legislativa por seguir impulsando las reformas legales, luego de la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, que garantiza la más alta jerarquía y eficacia normativa a los instrumentos internacionales de derechos humanos, dentro del orden jurídico mexicano; así como la facultad que se le otorgó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que siempre que con motivo de una queja, se advierta la probable comisión de un delito, realice de oficio y a nombre del quejoso la investigación correspondiente.
Por último, Ríos Piter señala que sigue pendiente, de acuerdo con la agenda legislativa del PRD, impulsar una ley que regule el cumplimiento de las sentencias de los tribunales internacionales a los que México ha dado el reconocimiento de su jurisdicción, como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, y la modificación del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que los organismos de protección a los derechos humanos puedan formular recomendaciones vinculatorias ante las autoridades respectivas, cuando conozcan de quejas en contra de actos u omisiones provenientes de las autoridades.