APUNTES DE UN VIEJO LÉPERO

Algo comienza a apestar en Guerrero

Jeremías Marquines

El ex gobernador del estado de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, que llegó al poder por medio de una amplísima y dispar alianza de partidos entre los que se incluía el derechista Partido Acción Nacional (PAN), fue encarcelado este miércoles en el penal El Amate, acusado de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa.

Salazar Mendiguchía fue senador por el PRI de 1994 a 2000 y durante ese periodo fue integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa). En el año 2000 se lanzó como candidato al gobierno de Chiapas por una alianza bastante peculiar: PAN, PRD, PT, PVEM, Convergencia, PSN, PCD y PAS, que recuerda mucho la alianza que acaba de hacer gobernador a otro expriísta, Ángel Aguirre Rivero, en el estado de Guerrero.
A Mendiguchía se le acusa del desvío de 11 mil millones de pesos que estaban destinados para la reconstrucción del estado por los daños que dejó el huracán Stan en 2005. Pero esta no es la acusación que lo lleva a la cárcel, lo que lo tiene en prisión son los 104 millones de pesos que al parecer se autobonificaron Salazar y varios de sus colaboradores en el último año de su sexenio.
Cierto o no, serán las autoridades quienes determinen la culpabilidad de este ex gobernador. Pero de lo que no hay ninguna duda, es que el gobierno de Salazar persiguió hasta la muerte al director del diario Cuarto Poder, Conrado de la Cruz. El diario más importante de Chiapas, dirigido por Conrado, fue víctima del acoso judicial del gobierno por mantener una actitud crítica, o al menos no servil hacia el entonces mandatario. A Conrado de la Cruz lo acusaron de lavado de dinero. Le quitaron propiedades. En torno al periódico establecieron un cerco policial.
Columnistas de Cuarto Poder fueron encarcelados y luego liberados por falta de méritos. Y Conrado de la Cruz, un periodista de edad avanzada, debió huir a Miami para evitar la cárcel. Como no pudo detener al padre, el gobierno de Salazar encarceló al hijo con un argumento totalmente falso: le fincaron el delito de robo de vehículos. Ya en la cárcel, Conrado (hijo) fue sometido a todo tipo de vejaciones. En el penal fue abusado sexualmente de manera sistemática, con la complicidad de las autoridades carcelarias. A Conrado de la Cruz le hablaban a Miami para decirle que esa noche su hijo sería violado nuevamente, y así ocurría. Tres años y siete meses pasó el joven en la prisión. Al periodista se le paró el corazón y murió en el exilio. El hijo salió de la cárcel dos meses después de la muerte de su padre. Ya no pudieron verse. Unas cuantas semanas más adelante también murió Conrado hijo.
Salazar dejó una larga estela de agravios de carácter político, jurídico y social. A medida que avanzó su gobierno, la esperanza de muchas organizaciones sociales en el sentido de que con su llegada habría mayor democracia y respeto a los derechos humanos se desvanecieron.
Este es el mismo caso del ex gobernador de Guerrero Zeferino Torreblanca a quien el nuevo gobierno de Ángel Aguirre acusa de haber dejado un adeudo de 600 millones de pesos con el ISSSTE, además de los desvíos de recursos en la secretaría de Salud, Seguridad Pública y Educación denunciados por sus actuales responsables.
Sin embargo, los 104 millones que llevaron a la cárcel a Salazar Mendiguchía no son nada contra los más de mil millones de pesos que se robó el ex gobernador René Juárez Cisneros, a quien su sucesor, el ex gobernador Zeferino Torreblanca protegió al no interponer ninguna demanda por los cuantiosos desvíos de recursos que halló al asumir el control del estado. Tan sólo en propiedades, Juárez Cisneros supera con creces la fortuna que alguien pudiera hacer en una vida dedicada al trabajo. René Juárez pasó de pobre a millonario en menos de 10 años de servicio público y ahí anda tan campante haciendo campañas políticas y saludando a sus antiguos compinches que le ayudaron a robar y que ahora, algunos, son flamantes y dedicados funcionarios aguirristas.
El fin de Salazar Mendiguchía debería servir a los nuevos gobiernos para poner sus barbas a remojar. Ya no son los tiempos en los que con absoluta impunidad se puede meter mano a los presupuestos públicos sin que haya consecuencias y de esto también puede dar cuenta el gobierno de Amalia García, en Zacatecas, al que también se investiga por desvíos de recursos públicos.
Dice el refrán que nadie aprende en cabeza ajena. En Guerrero, el nuevo secretario de Administración y Finanzas, Jorge Salgado Leyva, fiel a la forma priísta de meter mano a los presupuestos públicos, ya comenzó hacer lo suyo con los dineros del estado. De entrada, sin que mediara ningún anuncio, se les redujo el 30 y 50 por ciento del salario a los funcionarios de segundo y tercer nivel. Salario que ya habían quedado presupuestados por la anterior administración.
Lo mismo hizo el alcalde priísta de Acapulco Manuel Añorve. En los dos primeros meses les robó a los trabajadores el 10% de su salario, pues les retuvo ese porcentaje argumentando que se estaba pasando una gran crisis. Al final nunca se supo que usó se le dio a ese dinero robado al salario de miles de trabajadores, ni a la cuenta de quién fue a parar. La misma película se repite ahora con Ángel Aguirre a nivel estatal. En el estilo del PRI, los presupuestos sólo existen en el papel porque en los hechos el dinero lo desvían según el antojo del mandatario o simplemente se los roban, como pasa con muchos programas en Acapulco, y como empieza a ocurrir a nivel estatal.
Al robo de los salarios de los funcionarios, se suma el manejo desaseado y poco claro de las administraciones federales. Al día de hoy, hay dependencias que no pueden ejecutar sus programas y acciones porque el tipo que dirige Finanzas del estado no les ha bajado los dineros de las participaciones federales a sus cuentas. Aquí no se justifica ningún atraso porque si en algo es eficiente el gobierno federal, es en depositar a las cuentas del estado los recursos de las participaciones federales. La tardanza y el manoseo que se trae el secretario de Finanzas de Aguirre, abre una enorme brecha para especular que algo comienza a podrirse y a apestar en el nuevo gobierno de Guerrero.
A las extrañas cosas que comienza a pasar en Finanzas, se suma la necedad de impulsar los dañinos contratos de prestación de servicios. Por todas partes surgen voces alertando de lo riesgoso de aprobar este tipo de proyectos. La iniciativa que van a votar a favor los diputados locales fue hecha por empresarios porque en todas las cláusulas el que pierde es el gobierno. Es un crimen que va a cometer el PRD al permitir que sus diputados aprueben esta iniciativa. En el 2015, cuando la deuda de Guerrero alcance unos 6 mil millones de pesos, este partido pagará las consecuencias de su alcahuetería. Nadie aprende en cabeza ajena.
El pasado 18 de mayo, el periódico El Universal, publicó en su sección La cuestión social en México, el estudio “Guerrero…todo por hacer” elaborado por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS). El documento expone que en 2005 el estado de Guerrero fue catalogado por el CONAPO como el estado con mayor porcentaje de población en alta o muy alta marginación, y los datos del Censo de 2010 muestran que los avances son pocos y ocurren muy lentamente. Expresa que los rezagos acumulados son infinitos: la tasa de mortalidad infantil es 70%, superior al promedio nacional; la tasa de mortalidad materna es 105%, superior a la media del país. Además, para vergüenza de todos los políticos de Guerrero, el 76% de su población infantil vive en pobreza multidimensional, mientras que su población general tiene un porcentaje de 68.1. Esto quiere decir que las y los niños de Guerrero son los más pobres de los más pobres.
Pese a todas estas estadísticas, no se ve por ninguna parte que al gobierno de Ángel Aguirre le interese el futuro de la niñez. Lo que se ve y se siente, es su intención de que se aprueben a como sea los contratos de prestación de servicios que beneficiará a un grupo de empresarios amigos suyos y del jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard. Otra vez miles de millones de pesos que podrían darle un futuro distinto a la infancia del estado van a parar a manos de unos cuantos funcionarios y constructores. Con razón dicen las estadísticas del Fonapo que el desarrollo humano en Guerrero está detenido, pues todo el dinero púbico se invierte en cemento y varillas.
LA CONTRA.
Un saludo al arquitecto Domitilo Soto, damnificado de la palabra. Pues sigue esperando que le cumpla el nuevo gobierno. ¿Alguien dijo: amor con amor se paga?