De Frente

Por Miguel Ángel Mata Mata

Willy… Va pa’largo

El desafuero es el acto jurídico mediante el cual a una persona aforada se le retiran sus privilegios.
En el Derecho moderno el fuero le garantiza a un representante popular elegido en una democracia la libertad y autonomía necesarias para el desempeño de su función, protegiendo al funcionario público de posibles injerencias de otros poderes, o de terceros interesados en impedir o estorbar el ejercicio de su cargo.
 El fuero nació como forma de protección de los miembros del poder legislativo de denuncias o amenazas, comúnmente del poder ejecutivo, con la finalidad de controlar por medio de la fuerza a un poder que debe ser independiente.
El desafuero o juicio de procedencia se impone cuando se presume y fundamenta que el funcionario ha cometido un delito. Con el desafuero se elimina la restricción procesal que impide que sea juzgado, y se le puede por ende juzgar como a cualquier ciudadano.
Por lo general, el fuero sólo limita en cuanto a acusaciones penales. Puede juzgarse por la vía civil o administrativa al funcionario con fuero, e incluso sometérsele a juicio político.
 EL JUICIO POLÍTICO
El juicio político (también llamado acusación constitucional o acusación en juicio político) es un proceso de orden constitucional, cuya finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos, particularmente de los más altos cargos o autoridades, tales como Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, ministros, magistrados de los tribunales superiores de justicia, generales o almirantes de las Fuerzas Armadas, que se realiza ante el Parlamento o Congreso.
 La condena o declaración de culpabilidad del acusado puede ocasionar su destitución e incluso su inhabilitación para funciones similares. En cualquier caso, la sanción depende de la constitución del país, y puede tener efectos meramente políticos.
Es típico de los sistemas presidencialistas latinoamericanos y su origen está vinculado al “impeachment” de Derecho anglosajón y al juicio de residencia de Derecho indiano.
 EL CASO GUERRERO
Es la una y media de la tarde de éste jueves pozolero. En el palacio legislativo de Chilpancingo los diputados aun no dan inicio a su sesión ordinaria. El tema del día es el posible desafuero del presidente de Tlapa, Willy Reyes. Habrá tres sesiones.
1)    La primera para conocer el dictamen aprobado en la Comisión Instructora.
2)    La segunda para que se dé la segunda lectura reglamentaria.
3)    La tercera, en plenaria, para decidir si se vota a favor o en contra del desafuero.
 JUICIO DE PROCEDENCIA
 Los diputados locales miembros de la Comisión Instructora del Congreso Local aprobaron la noche del miércoles el dictamen para dar inicio a un juicio de procedencia en contra del presidente municipal de Tlapa, Willy Reyes.
1)    El procedimiento legislativo indica que si la resolución del juicio de declaratoria de procedencia es condenatorio por parte del pleno del Congreso local, convertido en jurado de sentencia, se notificaría a la PJG que el alcalde de Tlapa, Willy Reyes, queda a su disposición para proceder penalmente en contra de él.
2)    Si solo se da entrada al juicio de procedencia, el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Efraín Ramos Ramírez, tendrá que notificar al presidente municipal de Tlapa, Willy Reyes Ramos, que el lunes 28 de este mismo mes comienza el juicio de procedencia en su contra para despojarlo del fuero constitucional.
 “QUE ME ESCUCHEN…”: WILLY
 En entrevista con Paola Rojas, Willy Reyes manifestó tener pruebas, como videos, audio, y testimoniales ante notario público, así como cronologías de sus actividades diarias. Ya se sometió al polígrafo. Dice ser inocente.
De los diputados dice: “Seguramente el Congreso tiene que hacer una determinación hoy y parece que ya esta cocinado el asunto (de desafuero), yo me estoy preparando para que entremos al juicio de procedencia y ahí en verdad ahora si espero que yo sea escuchado por los diputados”, dice.
 ¿SU? PARTIDO
Willy dice ser priísta. Pero en la campaña a la gubernatura hizo lo mismo que muchos: votó por el PRD y fue uno de los que llevaron al triunfo al actual gobernador. Hoy reprocha la indiferencia de las dirigencias nacional y estatal priísta. No le apoyan. Willy también quiere ser diputado por el PRI.
 A LAS CUATRO PM
Los diputados aprobaron dar inicio al juicio de procedencia en contra del presidente municipal de Willy. El presunto homicida de un diputado federal y el chofer de éste tendrá derecho a defenderse. Los diputados le escucharán. La decisión inédita, empujada por la Procuraduría  de Justicia del Estado de Guerrero, va para largo. De menos cuatro meses.
 TRASCENDIÓ
 QUE el gobernador perredista de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, se lavó las manos en el caso del presunto asesino de Tlapa de Comonfort, el aún alcalde Willy Reyes. “Ese asunto está en manos del Congreso Local”, dijo a reporteros al concluir la inauguración de la reunión nacional de procuradores, en el hotel Princess.
Willy Reyes Ramos es presunto homicida intelectual del diputado federal priísta Moisés Villanueva de la Luz y su chofer,  Erick Estrada Vázquez, quienes murieron el pasado 4 de septiembre en el municipio de Huamuxtitlán, en la región de la Montaña alta de Guerrero
 QUE el gobernador dejó claro que no emitirá ninguna recomendación al procurador de justicia de Guerrero ni a los legisladores locales,  “yo se los dije, me voy a mantener al margen, mi compromiso es que se cumpla la ley, y en ese sentido, jamás me atrevería ni insinuaría hacerle alguna sugerencia a los señores diputados”.
QUE el gobernador consideró que Reyes Ramos está en su legítimo derecho de procurar su defensa y resaltó que el presidente municipal tlapaneco tendrá la oportunidad de acreditar su inocencia, en caso de que se apruebe su desafuero por legisladores locales, y puntualizó que la resolución del caso se llevará varios meses.
 NUMERALIA
1)    Cantidad que recibió el auditor general del estado como indemnización por los servicios prestados a la SEG del 1 de abril de 2005 al 16 de noviembre pasado: $300 mil.
2)    Tiempo transcurrido entre su salida de la SEG y la recepción de ese bono, a pesar de ser considerado como “empleado de confianza”:  tres meses.
3)    Funcionarios que autorizaron la “liquidación” el 31 de marzo pasado, último día de la administración de Zeferino Torreblanca Galindo: el extitular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero, a través de su asesor técnico, Jorge Sotomayor Landeta, y el excoordinador de Administración y Finanzas de esta dependencia, Abel Ponce Torres.
4)    Número de oficio: 130/2011,  fechado el 14 de febrero de este año.  Sotomayor Landeta le instruye a Ponce Reyes que por instrucciones del extitular de la SEG y “como producto de la negociación desplegada”, se autorizó en “un 90 por ciento”, la liquidación de Arturo Latabán por un monto de 299 mil 976 pesos.
5)    La póliza del cheque 881, de la cuenta de la SEG en el banco Inverlat, se emitió el 24 de febrero de este año. El documento fue cobrado el 25 de febrero.
 QUE CONSTE
¿Pero no es una persecución política de su gobierno contra Willy?, preguntaron los reporteros al gobernador Aguirre ayer por la mañana.
--- “No, de ninguna manera. Yo se los he dicho a ustedes y se lo reitero, yo
tengo una amistad con el presidente municipal (Willy Reyes) desde hace muchos años”.

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