Titular de la CODDEHUM se elegirá a través de convocatoria

Chilpancingo, Gro., 09 de febrero de 2012.- Por unanimidad diputados locales aprobaron reformas a la Constitución Política local para establecer que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se elegirá a través de una convocatoria que emita el Congreso y que durará en el cargo cuatro años, con posibilidad de ser ratificado por una sola ocasión.

El dictamen, emitido por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, se deriva de una propuesta realizada por los legisladores Hilda Ruth Lorenzo Hernández, Catalino Duarte Ortuño, Rutilio Vitervo Aguilar y Marco Antonio Leyva Mena, que fundamentan que el tema de los derechos humanos, debe concebirse como un tema primordial de actualización en la norma máxima local.
En el documento se señala que será el Congreso quien designe al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y al Consejo Consultivo, a través de un examen de oposición, elimina el carácter de inamovible, que su designación sea por 4 años , pudiendo ser reelecto por una sola ocasión.
Destaca que a 21 años de la creación de la Comisión de Derechos Humanos es necesario poner a la vanguardia la constitucional local en esta materia y dar cumplimiento a lo mandatado a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de junio del 2011.
Por eso, “se modifica Aunado el procedimiento de designación del Presidente de la Comisión, siendo este a través de una convocatoria que emitirá el Congreso del Estado y en la que podrán participar todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Secundaria; cumpliendo con las exigencias sociales de transparencia, legalidad y equidad”.
Asimismo, en los artículos transitorios del dictamen se establece que el Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y se derogan todas las disposiciones que se opongan o contravengan el contenido de este Decreto.
Se señala que el Congreso dentro del plazo de tres meses contados a partir de la entrada en vigor del decreto, emitirá la Ley Reglamentaria del artículo 76 Bis de la Constitución Política local y que el actual Presidente de la Comisión cesará en su cargo una vez que entre en vigor la Ley Reglamentaria del Artículo y que el Poder Legislativo emitirá la Convocatoria para elegir al ombudsman dentro del plazo de 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor de las reformas.
En una segunda sesión se aprobaron las licencias de Héctor Vicario Castrejón, Aceadeth Rocha Ramírez y Marco Antonio Leyva Mena, para separarse del cargo y funciones de diputado integrante de la LIX Legislatura del 6 al 29 de febrero de este año, así como la reincorporación como legisladora de Gisela Ortega Moreno.
Dictámenes
En otro punto, los diputados aprobaron también reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública para agregar a la Secretaría de la Juventud la palabra de niñez.
En una sesión anterior, quedaron de primera lectura los dictámenes de reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre, la autorización al alcalde de Zihuatanejo para que otorgue título de concesión para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de una planta de saladora de agua; la creación del consejo ciudadano de vigilancia de la obra pública y las adquisiciones en el Estado; del decreto que declara el 2012 como el año del Bicentenario del deceso del Benemerito de la Patria, general Leonardo Bravo de la Cámara.
Además los dictámenes de valoración previa correspondiente a las denuncias de juicio político promovido por el ex auditor General del Estado, en contra del alcalde de Copalillo; de Arturo Latabán López cuando fungía como contralor interno de la Secretaría de Educación Guerrero interpuesta por Félix García Real; la del alcalde de La unión; y de servidores públicos de Atlixtac.
También los dictámenes de la denuncia de juicio en contra del Auditor General del Estado, del Procurador de Justicia, Alberto López Rosas, de las adhesiones a los exhortos del Congreso de Querétaro a la Secretaría de Salud Federal, para que tenga un efectivo control sanitario sobre la comercialización de las bebidas energéticas; del Congreso de la Unión a las áreas y dependencias federales y estatales a no despedir a empleados con discapacidad y de la Asamblea del Distrito Federal para hacer conciencia sobre el consumo de refrescos y bebidas edulcorantes.

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