*Ordenan se investiguen amenazas de muerte contra vidulfo rosales de tlachinollan
Laura Sánchez Granados
Durante el actual gobierno, en Guerrero nadie será perseguido por sus ideas políticas y mucho menos por ser defensores de los derechos humanos, aseguró el gobernador Ángel Aguirre Rivero al reunirse con integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan quienes anunciaron la reincorporación del abogado Vidulfo Rosales Sierra a sus actividades.
En la reunión de trabajo celebrada en la residencia oficial Casa Guerrero, el mandatario estatal reiteró el indeclinable compromiso de su gobierno por garantizar todas las condiciones para que los defensores de los derechos humanos realicen sus actividades y labores sin ningún tipo de impedimentos.
Ante el coordinador del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) Marco Antonio Suastegui, de la CETEG, Minervino Hernández, de Taller de Desarrollo Comunitario, Javier Monroy Hernández y del presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el estado, Juan Alarcón Hernández, Aguirre Rivero mostró su beneplácito por que Vidulfo Rosales haya regresado a sus funciones como abogado y defensor de los más desprotegidos.
Instruyó a la procuradora Martha Elva Garzón Bernal para que se investigue a fondo el caso de Vidulfo Rosales y que Tlachinollan designe a un abogado coadyuvante, para que esté cerca de las investigaciones y se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de las amenazas de muerte.
Ángel Aguirre lamentó que Vidulfo haya tenido que salir de Guerrero por las amenazas de muerte que recibió por llevar los casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, el caso de los opositores a la presa Hidroeléctrica la Parota y recientemente el caso de los alumnos de la normal rural de Ayotzinapa.
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