Por el bien de todos los mexicanos y las mexicanas, la postura que tome el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto al juicio de inconformidad que interpuso la Coalición Movimiento Progresista respecto a la elección del pasado 1 de julio debe apegarse a la legalidad, revisando de forma exhaustiva los elementos presentados por los partidos de izquierda para apelar a la nulidad del proceso.
No proceder de esa manera y en su lugar presentar un resolutivo que premie la impunidad que imperó a lo largo de dicho proceso y los actos ilegales por el que algunos partidos se distinguieron puede generar inconformidad en importantes segmentos de la sociedad de dimensiones insospechadas que a nadie convienen.
Sería una total irresponsabilidad y un acto con altos costos para el futuro político del país el que en el proyecto que tienen en sus manos los magistrados del máximo tribunal del país los delitos que se cometieron antes, durante y después de la contienda presidencial quedaran impunes y sus promotores permanecieran inmunes a pesar de la comprobación de los actos acreditados.
La institución que preside Alejandro Luna Ramos tiene una decisión de dimensiones históricas que sin duda alguna determinará la forma de hacer política en México, pero independientemente de cuál sea su resultado queda en evidencia la necesidad de que los integrantes de la LXII Legislatura que ayer comenzó tengan como prioridad alcanzar una reforma política que incluya como causal de nulidad de las elecciones el rebase de topes de campaña, el uso de dinero de procedencia ilícita, el lavado de dinero y el desvío de recursos federales, estatales y municipales, entre otros delitos, en las campañas políticas de todo nivel en nuestro país.
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