Adriana Cobarrubias Sandoval
Acapulco, febrero 27 / ANG.- El gobierno de Luis Walton Aburto presentó una denuncia ante la Auditoria General del Estado (AGE), por el desvío de 48 millones de pesos para el gasto corriente de la pasada administración priísta y que estaban etiquetados para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Ramo 33, así como por la falta de expedientes técnicos y documentación de obras.
En conferencia de prensa en la sala de cabildos Juan R. Escudero del Palacio Municipal, el portavoz del gobierno local, Ricardo Castillo Díaz, informó que aparte de ese caso, se denunció a la administración anterior por no haberse encontrado expedientes técnicos de proyectos y programas ejecutados en el periodo 2009-2012
, tiempo en el que fungieron como alcaldes los priistas Manuel Añorve Baños, José Luis Ávila Sánchez, Alejandro Porcayo Rivera y Verónica Escobar Romo.
La denuncia parcial por presuntas irregularidades cometidas por la administración anterior, expuso el vocero, fue interpuesta el martes 26 de febrero, la cual se ampliará a medida que vaya fluyendo más información. “Esta denuncia se recibió a las 14 horas con 32 minutos del día de ayer, en la Oficialía de Partes de la Auditoría General del Estado”.
Detalló que el primer señalamiento de la denuncia ante la AGE es porque no dejaron los expedientes técnicos de proyectos y programas ejecutados correspondientes al periodo 2009-2012, documentación que es necesaria para integrar debidamente la cuenta pública anual del ejercicio 2012.
Castillo Díaz añadió que el segundo señalamiento en la denuncia en contra de la administración anterior, se refiere a las transferencias de los fondos del Ramo 33.
Recordó que de enero a septiembre del año pasado, el municipio recibió aportaciones Sistema Nacional de Coordinación Fiscal por 337 millones 227 mil 599 pesos 76 centavos, correspondientes al Fondo III del Ramo 33, de Aportaciones para la Infraestructura Social.
Dicho Fondo, es para financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones, que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema.
De acuerdo con la ley, los recursos de estos fondos deben aplicarse para obras de agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural.
De esa cantidad, hasta este momento, se ha podido comprobar en una primera revisión, que se hicieron distintas transferencias, por la suma de 48 millones de pesos, para el gasto corriente.
“… Dichas transferencias son irregulares, ya que la Ley de Coordinación Fiscal mandata aplicar estos recursos exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema”, concluyó el portavoz (ANG).
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