Graco madruga con mando único
“Después de saber cuando aprovechar una oportunidad, lo más importante es saber cuando debemos renunciar a una ventaja”
Benjamín Disraeli (1766-1848 Estadista inglés)
Fue necesario que en Morelos se diera la ejemplar actitud de los Alcaldes de 33 municipios del zarandeado estado de demandar una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en pleno uso de sus facultades política, en contra de sendas reformas del Congreso local y del gobierno del polémico Graco Ramírez Garrido Abreu para esclarecer un poco las entretelas indescifrables que, a pretexto de la inseguridad que abate a la población, han puesto en marcha ejecutivos y legisladores de casi todas las entidades del país con el proyecto corregido y aumentado de sus precedentes del mando único de policía, versiones que fueran de la PFP, AFI y PF con sus variantes, ahora presumida por Enrique Peña Nieto y paniaguados del magnificado “Pacto por México”
como la “gendarmería nacional” y en otras entidades como la “policía única” que al parecer no tiene otra finalidad que el monopolio del poder y el discrecional manejo de los presupuestos dado los pobres resultados que han tenido a la fecha para garantizar la seguridad en la población.
Así parece desde el punto de vista de los alcaldes morelenses citados, según el edil panista del municipio de Ayala, José Manuel Tablas Pimentel también presidente de la Junta del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (Indefom), visto que el Congreso local acordó retirarles el 5 por ciento de sus participaciones correspondientes para seguridad que era del 25 por ciento y en su caso representarían una deducción de 23 millones de pesos, aunque en otros casos, como de la asignación en ese renglón a Cuernavaca sería de unos 100 millones de pesos., con el pretexto de aplicarlos al discutido “Mando Único Coordinado Morelos” , además de decidir cancelarles el fuero con que contaban los alcaldes, síndicos, regidores, secretarios de despacho, a la Auditoria Superior de Fiscalización, la PGJE, Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Electoral Estatal, Consejeros y presidente del Instituto Electoral del Estado y del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística que, aclaró, es discutible en cuanto la condición Constitucional que los amparaba, pero más que nada porque en todo caso debería generalizarse desde el ejecutivo y todos los demás funcionarios designados y los de elección popular en un ejercicio democrático auténtico.
Con está decisión política del gobernador Graco Ramírez todo el poder del estado queda en manos del ejecutivo, el legislativo y el poder judicial en un práctico golpe a la democracia y en claro madruguete al revelador propósito totalitario del gobierno de Enrique Peña Nieto en tránsito con sus reformas para quitarles el fuero a todos los secretarios y funcionarios públicos, incluyendo en lo federal a diputados y senadores, mismo que está a discusión, pues a pesar de la aprobación de dicha reforma en la Cámara de Diputados, en el Senado consideran que el fuero debe desaparecer incluso para el presidente de la República a fin de que todos los integrantes del gobierno sean sujetos a proceso en caso de ser acusados por la comisión de un delito que, de comprobarse y recibir sentencia se cumpliría al terminar su mandato.
Así, queda en el imaginario general que cancelado el fuero a los funcionarios federales y aplicada la “gendarmería nacional” se concluye, en coincidencia con la preocupación de los alcaldes morelenses, que en esas condiciones quedarían en estado total de indefensión los poderes estatales y municipales sustento del pacto federal suscrito en nuestra Carta Magna bajo un poder absoluto del ejecutivo de la nación, lo cual no sería mal visto si el desconocimiento del fuero fuera generalizado con la esperanza de llevar a los tribunales a los políticos corruptos, fuera quien fuera., además de despojar de toda duda el manejo de la “gendarmería nacional” en unas solas manos, no por colegir que no fuera eficiente, sino porque nadie de hecho podría saber el destino de miles de millones de pesos presupuestados por pesar sobres sus cabezas la espada justiciera del poder único protegido por el fuero que nada más se legalizaría, porque de hecho desde hace casi 100 años los encargados del ejecutivo han sido y quizá sigan siendo…Intocables!!.
BALA PERDIDA
Una vez más la asfixiada clase trabajadora y marginados que los acompañan, permanecen impávidos ante la amenaza incontenible y anunciada de un aumento no menor de dos pesos en los pasajes del transporte público con el que conspiran abiertamente el secretario del Transporte y Vialidad, Rufino H. León Tovar y los desconsiderados dirigentes de “Transportes Unidos del D. F.” y Rutas Unidas, sin que salvo las promesas de siempre de “transformar” el servicio, se vea claro hasta cuando los cerca de 10 millones de usuarios seran transportadas como seres humanos y no en las destartalas unidades para animales o fenómenos, acondicionadas desde hace más de 30 años, pero que los han enriquecido hasta convertirlos en magnates…hasta cuando?
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