Por Juan Francisco Barrios Valverde
La Ley General del Servicio Profesional Docente fue aprobada por los legisladores con 390 votos a favor, 69 en contra y cuatro abstenciones, a pesar de la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Informo lo anterior en entrevista telefónica, el diputado federal Silvano Blanco De Aquino agregando que en la aprobación de esta legislación se incumplió el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que en su apartado 3 textualmente indica que “El Presidente de la Junta Directiva deberá circular la propuesta de dictamen entre sus integrantes, con cinco días de anticipación a la Reunión en que se discuta y se vote”.
Añadió Blanco De Aquino que la Comisión de Educación no tuvo la oportunidad de analizar, discutir y votar el dictamen con el tiempo reglamentario mínimo de cinco días, porque de última hora se le agregó un ademdum de artículos que modificaron por completo su contenido.
Recalcando en forma de crítica que “Es algo totalmente irregular que va en contra del Reglamento de la Cámara de Diputados”, dijo el legislador.
Asimismo calificó como improcedente la forma en que se instaló el Periodo Ordinario e inmediatamente se convocó a sesión para votar la legislación.
El diputado perredista indicó que con estas y otras violaciones a los procedimientos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, analizan la posibilidad de impugnar la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Mencionó que por ello la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso de la Unión impugnará legalmente la Ley General del Servicio Profesional Docente aprobada este lunes.
Por lo tanto el diputado federal Silvano Blanco De Aquino argumentó que existieron “violaciones serias” al procedimiento de la Cámara para aprobar esta iniciativa.
Destacó también la posibilidad de recurrir a la Consulta Popular, estipulada en el artículo 35 sobre los derechos del ciudadano, en cuya fracción VII textualmente indica que “Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional”.
Dijo que el mismo artículo señala que estas consultas ciudadanas deben de ser convocadas por el presidente de la república, el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, o en su caso por un número equivalente a por lo menos el 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
Por ello, indico que, promoverán que el magisterio y la población en general se organicen para lograr el 2 por ciento necesario y exigir la consulta ciudadana vinculativa.”Si en la consulta se demuestra el descontento general de la población, esto obligaría al gobierno federal a dejar sin efecto esta reforma constitucional, esta ley que atenta contra los derechos laborales de los maestros”.
Silvano Blanco calificó a la Ley General del Servicio Profesional Docente como un retroceso para el país. “Debería llamarse Contrarreforma Laboral Docente”.
Aseguró que las reformas educativas son un arma política que el Ejecutivo federal trata de utilizar en contra del personal docente.
El diputado federal también reprochó el manejo informativo que los medios de comunicación nacionales han realizado sobre el tema de la reforma educativa.
Acusó que el gobierno federal inició una campaña de criminalización hacia los maestros, a través de los medios de comunicación.
El objetivo de esta campaña de desprestigio, dijo, es deslegitimizar el movimiento magisterial y crear una opinión crítica de la población hacia las acciones emprendidas por los maestros.
Insistió que con ello el gobierno federal prepara el escenario perfecto para la represión durante las manifestaciones a través del uso de la fuerza pública, además de la posible detención de varios líderes del movimiento magisterial.
Anuncio Blanco De Aquino una manifestación magisterial masiva y paralela en 22 estados de la república; el objetivo es expresar el repudio y descontento que existe por el desprestigio creado por los medios de comunicación nacionales.
Recalcando que “Los maestros tienen toda la razón y el derecho de defenderse, porque el gobierno federal utiliza a los medios de comunicación para generar una opinión pública de criminales”.
Que los diputados perredistas Jorge Salgado Parra, Sebastián de la Rosa Peláez y Teresa Mojica Morga votaron a favor de esta legislación, dijo el legislador.
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