Este domingo se cumplieron dos años de la desaparición de Longino y, en ese marco, familiares del desaparecido y líderes de organizaciones sociales, realizaron un pronunciamiento para exigir justicia al caso y que en caso tener la prueba de ADN, que sea entregada para despejar dudas sobre la identidad del cadáver entregado a la familia.
Y es que a la fecha el caso de Longino Vicente Morales continúa sin esclarecerse, pues aunque la Procuraduría presentó un cadáver que presuntamente pertenecía al joven indígena, no se ha entregado a la familia los resultados de la prueba de genética forense.
La señora Bladina Diéguez Castro, esposa del desaparecido, ofreció una conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), donde lamentó la ineficiencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y, criticó que en la actual administración se sigan registrando casos de desapariciones forzadas.
También estuvieron presentes: Manuel Olivares Hernández, Coordinador de la Red Guerrerense de Derechos Humanos; Martha Obeso Cásares, viuda del expresidente de la Comisión de Gobierno del Congreso Local, Armando Chavarría Barrera, y, militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Longino Vicente Morales era un indígena mixteco de 26 años que desapareció el 22 de junio de 2012. Se desempeñó como Secretario Particular del ex titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Marcos Matías Alonso. Fue además coordinador de la campaña electoral del ahora diputado federal por el PRD, Jorge Salgado Parra.
Diéguez Castro dijo que el legislador federal es el menos interesado en que se resuelva el caso, incluso dijo que en su momento negó que Vicente Morales trabajara con él, esto a pesar de que durante su campaña proselitista, Salgado Parra fue quien reveló que su coordinador había desaparecido.
Comentó que en un primer momento la familia del desaparecido le solicitó apoyo económico al diputado federal para solventar los gastos del abogado que asumió el caso ante las autoridades, sin embargo no recibieron respuesta del perredista.
Olivares Hernández indicó que en reiteradas ocasiones las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia condicionaron las audiencias que le programaron a Bladina Diéguez, para que no acudiera a los encuentros, acompañada de miembros de organismos no gubernamentales de derechos humanos.
“Posiblemente las autoridades consideren que la dignidad y firmeza con que la señora Bladina ha resistido por dos largos años luchando por la justicia se deba al acompañamiento que se le viene brindando desde el primer momento en que lo solicitó y consideran que estando sola claudicaría y terminaría conformándose y olvidando la pérdida de su esposo”, expuso.
Recordó que el 11 de febrero, la PGJE presentó los restos de una persona del sexo masculino que portaba las prendas que Longino Vicente usaba el último día que lo vieron, por lo que se presume sea él, sin embargo, antes de darlo por hecho, Olivares Hernández dijo que la familia solicitó se realizara un examen de ADN para confirmar su identidad.
Agregó: “la señora Bladina reconoció la ropa encontrada como la que llevaba su esposo la noche que desapareció, desde entonces hasta la fecha no le ha sido informado si los restos óseos corresponden o no a su esposo y a pesar de que ella guarda serias dudas respecto a ese hallazgo, no se le ha permitido externarlo en una mesa de trabajo”.
Manifestó que existe el temor de que “en un intento por quitarse este asunto de encima pudieran querer entregarle algunos restos diciendo que son los de su esposo o bien que ante sus dudas dejen bajo su responsabilidad la realización de otros estudios de ADN de manera particular y que asuma los costos que esto representa”.
Criticó también que no haya información sobre los avances de las líneas de investigación que se pudieran estar siguiendo respecto a la desaparición del joven indígena, esto a pesar de que la familia ha contado con el acompañamiento de organismos defensores de derechos humanos.
Finalmente exigieron a la procuraduría que notifiquen la fecha de una reunión de evaluación y seguimiento con la presencia del Secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo y del procurador Iñaki Blanco. (Agencia Periodística de Investigación).
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