Acapulco, Guerrero, 26 de Julio del 2014.- En lo que fueron las conclusiones del Segundo Foro Nacional “Reforma del campo, soberanía alimentaria y derecho a la alimentación”, organizado por el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se destacó que la reforma del campo que México necesita “debe orientarse al logro de la soberanía, la autosuficiencia y la seguridad alimentaria y nutricional”, debiendo “garantizar el derecho constitucional a la alimentación y nutrición de los mexicanos prioritariamente con alimentos de origen nacional y de acuerdo a las tradicionales culturales de la población”.
Asimismo, pugna por la utilización plena de los recursos naturales, utilizados de manera sustentable, con la participación informada de los recursos humanos involucrados en las cadenas productivas alimentarias y de manera fundamental de los pequeños y medianos productores rurales que conforman alrededor del ochenta y dos por ciento del total de las unidades de producción del país.
También, proteger la propiedad social de la tierra en ejidos y comunidades, que constituyen las formas históricas de tenencia del país, resultado de largos procesos de lucha. “La protección y consolidación de la propiedad social de la tierra es condición indispensable para lograr la soberanía alimentaria y nutricional del país”, sentenció el diputado federal Sebastián de la Rosa Peláez, organizador del foro y encargado de dar lectura a la declaratoria final.
El foro del Grupo Parlamentario del PRD se realizó en Acapulco los días 25 y 26 de julio, en coordinación con el gobierno del estado, cuyo mandatario, Angel Aguirre Rivero, inauguró en presencia del alcalde Luis Walton Aburto, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, y decenas de legisladores y funcionarios de todos los niveles.
Las mesas temáticas fueron tres: Reforma del campo, soberanía alimentaria y derecho a la alimentación e Impacto de la reforma energética en el sector rural, coordinadas por legisladores, académicos e investigadores venidos de diferentes partes del país, en tanto que las ponencias magistrales estuvieron a cargo de Michelle Lessa, Directora Ejecutiva de la Secretaría Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) del Ministerio de Desarrollo Social y Combate contra el Hambre, de Brasil; el Doctor Alberto Montoya Martín del Campo, de la Universidad Iberoamericana; el Doctor Héctor Robles Berlanga, de la Universidad Autónoma Metropolitana; Doctor Carlos Menéndez Gámiz, de la Universidad Nacional Autónoma de México; Doctor Roberto Guadarrama Sistos, del Instituto de Planeación del Desarrollo, A. C., y Mariana Carmona Ambriz, Investigadora y consultora para la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, AC.
Agricultura familiar, factor estratégico
Continúa la declaratoria de 24 puntos, subrayando que la economía campesina y la agricultura familiar son piedras angulares para el desarrollo rural integral, por lo que su impulso es estratégico, y que para lograr la soberanía alimentaria y nutricional se requiere del diseño y operación de un Sistema Nacional de Planeación Alimentaria y Nutricional.
Asimismo, demanda que la Reforma del Campo se exprese en una “Política de Estado” que reoriente los apoyos gubernamentales, principalmente el presupuesto que deberá reestructurarse para proporcionar apoyos a lo largo de los eslabones de las cadenas alimentarias, con un nuevo enfoque de gestión territorial y democrática. Esa nueva Política de Estado deberá comprender programas que integren los insumos estratégicos para la producción a lo largo de las cadenas alimentarias.
En el aspecto financiero, declara que es menester la conformación de instituciones financieras como la banca de desarrollo, que integren todos los servicios, como el crédito, asistencia técnica, seguros, coberturas, etcétera, donde las tasas preferenciales de interés y las garantías exigidas a los productores fomenten la rentabilidad de los proyectos y los productos financieros se adapten a las necesidades de los pequeños y medianos productores.
En cuanto a la asistencia técnica, considera que la capacitación, el extensionismo y la innovación tecnológica de nuevo tipo deberán expresar los resultados de una política de desarrollo científico y tecnológico, y crearse instancias interinstitucionales que vinculen a las universidades y centros de investigación científico-tecnológica con las instancias locales de enseñanza superior e investigación, así como con los pequeños y medianos productores, la agricultura familiar y la economía campesina.
Destaca también que la inversión en infraestructura productiva deberá ser parte esencial de la nueva política de Estado, lo mismo que la inversión en infraestructura social, y que sus diseños estará en función del desarrollo regional armónico y equilibrado.
Apunta también que es estratégico para el desarrollo del país, recuperar los esfuerzos ancestrales de los productores nacionales en el mejoramiento de semillas, particularmente las que contribuyen de manera esencial a la dieta promedio nacional. La creación y fortalecimiento de las capacidades nacionales para la producción de semillas, en coordinación con los productores pequeños y medianos, es vital para el desarrollo rural independiente del poder transnacional, agrega la declaratoria.
Declararon también que la utilización de organismos genéticamente modificados en las variedades endémicas donde el país es centro de origen y diversidad deben estar prohibidas, y que el fortalecimiento de la capacidad nacional de producción de fertilizantes, considerando de manera particular los de tipo orgánico, deberá ser parte sustantiva de esta nueva política.
Igualmente, la nueva política de desarrollo regional equilibrado deberá impulsar el desarrollo de mercados locales y regionales, para disminuir los tramos de intermediación comercial, reducir los costos de transacción, así como las mermas y pérdidas de alimentos, contribuyendo con todo ello a la retención del valor agregado por parte de los productores.
Producción agropecuaria, prioritaria por encima de cualquier otra actividad
Derivado de la discusión en la mesa Impacto de la reforma energética en el campo, la conclusión fue que los efectos de esta reforma se manifestarán en procesos de desestabilización social, debido al amplio rechazo de la misma, producto de la pobreza y marginación de los pequeños productores del campo.
Los efectos de la reforma energética, agrega la declaratoria leída por el legislador Sebastián de la Rosa, se expresarán también en daños a los recursos naturales, agua, suelo y biodiversidad. Para efectos de lo anterior, dijo, no habrá a quién responsabilizar de los daños ambientales, y que en materia de producción, la reforma reduciría los niveles de producción debido al deterioro de las tierras productivas.
“Es indispensable declarar constitucionalmente a la producción agropecuaria como actividad prioritaria para el desarrollo nacional, por encima de cualquier otra actividad”, sentenció.
Por lo anterior, agregó, es prioritario, para detener los efectos negativos de la reforma energética, impulsar la consulta popular en busca de su revocación.
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