TUMBANDO CAÑA

Un sindicato falaz cabalga en el poder judicial

Por Juan Antelmo García Castro
Algunos estudiosos del sindicalismo en México consideran que, después del aguerrido movimiento ferrocarrilero iniciado en 1958 y encabezado por líderes decentes (es decir: probos y honrados a toda prueba) como Demetrio Vallejo y Valentín Campa, hoy día en nuestro país no existe un sindicalismo real, en virtud de que la lucha sindical es simulada para beneficio de los líderes venales quienes mantienen subsumida a la clase trabajadora, quedando bien esos líderes corruptos con la clase patronal, específicamente en el sector privado…
Pero en lo que se refiere a los trabajadores sindicalizados al servicio del Estado, sus ínclitos líderes sindicales también negocian jugosas prebendas a favor de su grupo utilizando su poder e influencia personal para movilizar a los agremiados a su modo, gusto, antojo o placer; es cuestión de estilos…Para botón de muestra tenemos a conspicuos y eternos líderes de la talla de Fidel Velázquez Sánchez(+), Joaquín Hernández Galicia (+), Francisco Hernández Juárez, Elba Esther Gordillo Morales (hoy en desgracia y en prisión) y Carlos Romero Deschamps, quienes en sus respectivos sindicatos lograron amasar fabulosas e insultantes riquezas a través del chantaje y la presión hacia el sector público…En Guerrero, muchos líderes no cantan mal las rancheras y en esta ocasión tomaré como ejemplo al ilegalmente denominado “Sindicato de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado”, que cumple hoy 40 días en paro, el cual hace 10 años se  constituyó como Asociación de Proyectistas del Poder Judicial del Estado, conformada por proyectistas de las 6 salas del Tribunal Superior…Esta asociación, con fines académicos y de apoyo mutuo, a partir de 2007 comenzó a realizar algunas gestiones de mejora salarial y otras prestaciones, pero el actual “Sindicato de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado” (que en realidad no tiene este estatus pues no ha sido reconocido por los tribunales laborales) se erige como tal a partir del movimiento laboral que paralizó las actividades durante 10 días (del 31 de marzo al 9 de abril de 2014) en varios órganos jurisdiccionales del Poder Judicial estatal…En esa ocasión cerraron diversos centros de trabajo e impidieron el acceso de jueces, magistrados y público en general; acción arbitraria e ilegítima que concluyó con el acuerdo de incremento salarial del 24% para los oficiales administrativos extraordinarios y de base, 15% para los trabajadores jurisdiccionales y 12% para los jueces, quedando excluidos los magistrados…Cabe destacar que como dicha agrupación está conformada por trabajadores que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado considera como de CONFIANZA, no han logrado su reconocimiento formal ante los tribunales laborales en términos del artículo 70 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, ya que hasta donde se tiene conocimiento de manera extraoficial, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado les negó la toma de nota, por lo tanto, dicha organización carece de personalidad jurídica como ente sindical…Otro dato importante es que, lucrando con los lamentables hechos perpetrados el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, los líderes espurios del “Sindicato” de trabajadores del Poder Judicial, en octubre del mismo año, amenazaron de nueva cuenta con cerrar los juzgados si no se atendían sus demandas centrales, como es el reconocimiento formal de la referida organización sindical por parte de los órganos de gobierno del Poder Judicial (el Pleno del TSJ y el Pleno del Consejo de la Judicatura), así como el descuento de las cuotas a sus agremiados y el otorgamiento de licencias con goce de sueldo a sus siete “dirigentes” para que se dediquen de tiempo completo “a sus actividades gremiales”, los cuales son: Adalberto Valenzo Martínez, proyectista de sala adscrito a la Segunda Sala Civil, con un salario mensual de $35,300.88; Xóchilt Jiménez Pita, proyectista de sala adscrita a la Segunda Sala Civil, salario mensual de $35,300.88; Giovanna Castro Carmona, proyectista de sala adscrita a la Primera Sala Civil, salario mensual $35,300.88; Perla Maldonado Rodríguez, Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en materia civil de Acapulco, salario $29,298.14; Natividad Reyna Justo, Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en materia civil de Chilpancingo, salario $24,298.14; Miguel Ángel Moyado Escutia, Secretario Actuario de Juzgado de Primera Instancia Civil en Acapulco, Salario $12,975.88; María Josefina Suástegui Herrera, Oficial Administrativo extraordinaria, adscrita al Juzgado Segundo Civil de Acapulco, salario $7,041.08

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