Acapulco, Gro., 4 de junio de 2015 (CA).- A tres días de los comicios del 7 de junio, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), alertó a la población sobre este tipo de ilícitos que podrían afectar el proceso electoral.
De acuerdo al organismo, los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.
Este tipo de delitos pueden ser cometidos por cualquier persona, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas y ministros de culto religioso.
Dichas conductas están señaladas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y contemplan sanciones para el caso de ser cometidos.
Los ciudadanos deben estar atentos y denunciar en caso de que sean retenidas durante la jornada electoral, sin causa justificada por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos.
Además, de que se puede presentar en la jornada el delito de apoderarse, destruir, alterar, vender o suministrar de manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales.
Durante el día de los comicios, uno de los delitos electorales es obstaculizar o interferir el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales.
Asimismo, debe ser denunciado quien introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas; obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto.
Además, a quien realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado, que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla.
En el caso de los servidores públicos, es considerado delito electoral cuando coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por una opción dentro de la consulta popular.
Así también, que condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor de una opción dentro de la consulta popular.
La FEPADE dispondrá de un despliegue ministerial el día de la jornada electoral, el cual tendrá como objetivo acercar al Ministerio Público para que reciba de la ciudadanía una atención rápida en las denuncias que se le presenten.
En esta elección serán electos a nivel nacional, 500 diputados, nueve gobernadores, 641 diputados locales, 993 ayuntamientos, 20 juntas municipales y 16 jefes delegacionales en el Distrito Federal.
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