OPINION

A troche y moche

Por Manuel Tello Zapata

El Gobernador del Estado Rogelio Ortega Martínez, continúa  desarrollando una actividad intensa en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos: se reúne con grupos que se mantienen en conflicto; entrega reconocimientos a jóvenes estudiantes; visita los municipios; encabeza programas de capacitación a futuros funcionarios municipales, y sobre todo: mantiene un estado en relativa calma y paz social. Por el momento, los pleitos y sinsabores solo se discuten a través de la prensa y las redes sociales. Siempre serán preferibles los chismes de comadres, que la violencia y la sinrazón en activo.

Por no ser un político convencional, Rogelio Ortega habla sin tener pelos en la lengua y al poner los puntos sobre las íes, genera controversia, críticas en su contra y hasta duros ataques contra su persona. Pero el mandatario interino dice verdades que no le gustan a la gente y sabe reconocer cuando las cosas no le salen como él quería. Un ejemplo de lo anterior es el asunto de la iniciativa de ley para la amnistía de presos políticos, que al no ser aprobada por el Congreso podría frustrar los empeños del Gobernador, para que presos como Néstora Salgado ó Marco Antonio Suástegui, puedan recuperar su libertad.

Reconoce el Doctor Ortega Martínez que existe un rezago financiero superior a los 12 mil millones de pesos, pero también asegura que la deuda pública del Estado no crecerá en su período y por lo contrario, se busca reducirla un poco más. Eso le permitiría al próximo Gobernador, Héctor Astudillo Flores, recurrir al endeudamiento en caso de que se presente alguna crisis de cualesquier tipo, como las que nos han acosado de un tiempo para acá.

El mandatario interino ha sabido sortear muchos problemas que surgen al paso. Mantiene una comunicación permanente con todos los grupos y organizaciones sociales. Su política de tolerancia y diálogo finalmente está funcionando y los conflictos de tipo político se están reduciendo a su mínima expresión. El esfuerzo de Ortega Martínez y de los Maestros que militan en el SNTE para que el próximo ciclo escolar arranque sin problemas, seguramente logrará que nuestros jóvenes y niños regresen a las aulas sin los problemas que ocasionan algunos líderes mitoteros de la CETEG y otros sindicatitos.

INVESTIGACIÓN QUE NO CAMINA.

A casi un año de haber sucedido la tragedia de Iguala y que 42 estudiantes de Ayotzinapa continúan desaparecidos, los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, continúan sin poder establecer un resultado coherente en sus investigaciones. Prácticamente están igual que como empezaron su trabajo y no parece que puedan hacer más a favor de que se esclarezca el asunto Iguala.

En efecto, hay muchas interrogantes y deficiencias en las investigaciones que realizaron tanto la Procuraduría General de la República como el grupo de expertos. Todavía existen muchas preguntas qué hacer y quienes exigen la aparición con vida de los estudiantes, solo tienen en su mente un culpable: el Estado. En efecto, durante los hechos de Iguala tuvieron mucho que ver los elementos de la policía municipal y desde luego, el Alcalde José Luis Abarca Velázquez. Pero un municipio no puede ser calificado como todo el Estado.

Durante más de veinte años, los estudiantes de Ayotzinapa se han dedicado al robo de Autobuses, bloqueo de calles y carreteras, violencia contra edificios públicos, saqueo de camiones repartidores, etc.. Sin embargo, jamás el Estado y las fuerzas que lo componen ( los tres niveles de gobierno, funcionarios, policías, Gendarmería, Ejército, Marina, etc..), habían reprimido este tipo de acciones; por lo contrario, siempre se ha tolerado a estos sujetos, que por la comisión de tales hechos, se ganaron desde hace mucho el repudio de la sociedad guerrerense.

Existen muchas preguntas que no se han hecho los investigadores, como saber quién envió a los estudiantes ya muy entrada la tarde-noche, a Iguala. El argumento de que iban a “votear”, nadie en su sano juicio lo cree. Otra pregunta es: ¿Qué hacían junto con los jóvenes de primer año, algunos sujetos como Miguel Ángel Hernández Martínez (27 años), José Ángel  Campos Cantor (33 años), Miguel Ángel Mendoza Zacarías (33 años), Julio César López Potolzin (25 años)? Estas personas no pueden ser estudiantes con esas edades. La gran mayoría de los muchachos desaparecidos tienen entre 18 y 21 años.

La realidad de los hechos, a reserva de que las investigaciones concluyan, es que los jóvenes ignoraban que en Iguala tenía varios años operando el cartel más peligroso de nuestro Estado: los Guerreros Unidos, que  ya habían asesinado a cerca de 600 personas en los últimos cinco años y de ellos se han encontrado poco más de cien cuerpos sepultados en las inmediaciones de Iguala. Este cartel tenía el control de la policía preventiva y uno de sus miembros más importantes era precisamente el Alcalde José Luis Abarca Velázquez.

Los hechos violentos de esa noche pueden tener mucho que ver con el tráfico de enervantes hacia los Estados Unidos, y la acción de los estudiantes para secuestrar autobuses pudo provocar la ira de los Guerreros Unidos, que nunca se tocaron el corazón para asesinar a sus víctimas. La realidad es que los 43 estudiantes fueron secuestrados por el binomio policía-sicarios, y los asesinaron para de inmediato desaparecerlos. Pero ni el Gobierno del Estado ni el Gobierno Federal tuvieron que ver en el asunto; inclusive: fueron los más perjudicados. Los investigadores deben enderezar su trabajo hacia tesis más realistas o de plano que dejen el lugar a otros.

Por otra parte, las agrupaciones de derechos humanos deben también recomendar a los estudiantes de Ayotzinapa que se dediquen a estudiar y fortalecer sus conocimientos académicos, para que sean buenos profesionales de la educación, y dejen de andar sintiéndose los redentores del pueblo y guerrilleros frustrados. La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa debe recapitular su historia y corregir irregularidades que los han alejado de la academia.