Acapulco, Gro., 3 de septiembre de 2015 (CA).- El acoso a los ambientalistas es una constante en México, tan solo de enero de 2013 a abril de 2014 se reportaron 82 casos de ataques, de acuerdo al informe sobre ataques a personas defensoras del medio ambiente, 2014. En México el Derecho Humano a un medio ambiente sano es un derecho reconocido en el artículo Cuarto de la Constitución, sin embargo los defensores del medio ambiente son los luchadores sociales más perseguidos.
Según Global Witness, en el periodo mencionado se reportaron 3 asesinatos de ambientalistas en México y a nivel global se reportaron 116 ejecuciones, el 75 por ciento de ellas en Latinoamérica.
Uno de los que han dejado la vida en la lucha por el medio ambiente, es el representante del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos Mapder, Noé Vázquez.
Los representantes de la tribu Yaqui, Mario Luna y Fernando Jiménez, quienes se oponen al Acueducto Independencia son acosados por el Estado, y Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), a quien se le han fabricado siete causas penales, por su activa participación en la defensa del Río Papagayo.
La coordinadora de la campaña de Tóxicos de Greenpeace, Sinaí Guevara, dijo en conferencia de prensa a bordo del barco Esperanza, que la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos no debe ser motivo de persecución ni hostigamiento judicial, por parte de las autoridades ni mucho menos de grupos privados que utilizan la fuerza del Estado para criminalizar la protesta civil pacífica.
“Son diferentes causas pero tienen algo en común, ser perseguidos por defender el territorio libre y sin contaminación”.
Añadió, que el caso de Marco Antonio Suástegui, quien ha liderado durante varios años la oposición a la construcción de la presa La Parota, en defensa de los derechos humanos de su comunidad, debe sentar un precedente de lo que nunca más debe volver a ocurrir a un ambientalista.
Por su parte, el abogado de Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Rogelio Téliz, quien ha encabezado la defensa legal del líder del Cecop, aseguró que los procesos penales iniciados contra Suástegui tienen el objetivo de imponer, por medio de la fuerza, la construcción de la presa La Parota.
“Existe un uso faccioso en la aplicación de la justicia en el estado de Guerrero, así lo ejemplifican los procesos penales iniciados contra Marco Antonio Suástegui”.
Reiteró, que el gobierno mexicano busca imponer la construcción de la presa, contemplada ahora en el Plan Nuevo Guerrero, y pasar por encima de 5 resoluciones judiciales emitidas por un Tribunal Agrario a favor de los pueblos y comunidades defensoras del Río Papagayo en el Acapulco rural.
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