Francisco Valencia Torres
Zihuatanejo, Gro.- A partir del día de ayer el gobierno municipal que preside Gustavo García Bello, tiene toda la libertad de operar libremente los semáforos que estaban embargados por la empresa conocida como “SEVIAMICH, Semaforizacion y señalética”, propiedad de Blanca Esther Zavala Pineda.
Lo anterior lo dieron a conocer los abogados Dorian Niño Gallegos, Irving Leyva Torres, Guillermo Sotero Otero y Omar Pino Diego; asimismo, afirmaron que el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, Daniel Darío Falcón Lara, levantó el arraigo contra Eric Fernández Ballesteros y varios ex-funcionarios municipales de la pasada administración.
Los licenciados hicieron notar que la orden girada por el juez fue por falta de elementos, motivo por el cual, el arraigo judicial que tenía el ex-alcalde y los ex-funcionarios públicos, Juan Manuel Álvarez Barajas, Erika Vázquez García y Erika Maciel, quedó sin efecto.
Por su parte, el licenciado Dorian Niño Gallegos dijo que fue levantado el arraigo que tenían sus representados porque la demandante Blanca Esther Zavala Pineda, no exhibió la garantía decretada en autos y porque a las personas que se les decretó el arraigo tienen bienes en esta ciudad, y uno de los requisitos para hacer valer el arraigo es que los acusados no tengan bienes en la misma, porque se entiende que el deudor si tiene bienes, éstos responden por esa deuda, y se logró acreditar con documentos, que todos los acusados tienen bienes en Zihuatanejo.
De igual forma, Niño Gallegos explicó que la demanda que se interpuso en contra de sus representados es ilegal, porque los ex-funcionarios solamente fueron representantes del municipio, ya que el municipio es una persona moral oficial que cuenta con un patrimonio propio y suficiente que le alcanza para responder a las obligaciones contraídas con terceras personas, por lo tanto, los funcionarios que representan al municipio de ninguna manera se les puede catalogar como deudores, porque únicamente son personas que estuvieron al frente administrando un municipio y que al final de cuentas, si existe una deuda, esta es propiamente del municipio porque éste fue el que contrató con la señora demandante y el mismo municipio fue beneficiado con los semáforos.
Más adelante aclaró que, los acusados no tienen los semáforos en sus casas, sino que están sirviendo a la sociedad, por lo tanto, se tiene la seguridad que el ex-alcalde y ex-funcionarios no son responsables de esa deuda que reclama la empresaria Blanca Esther Zavala.
Argumentó el abogado que un interés particular no puede estar sobre un interés general y colectivo, porque esto es inconstitucional.
Finalmente, sostuvo que los ex-funcionarios no son responsables de ninguna deuda que el municipio como tal haya contraído; “ellos pueden ser llamados como testigos, pero en ningún momento se les puede vincular con deudas y pasivos que el municipio tenga o haya tenido”, concluyó.