ZONA CERO

Un cochinero financiero el que recibió Astudillo

Roberto Santos
Un cochinero, son las palabras con las que se puede definir lo que dejaron los malos gobiernos de Rogelio Ortega y Ángel Aguirre en materia de finanzas públicas. Y si no lo cree, aquí están las cifras para documentar su optimismo.

De acuerdo a lo señalado por el gobernador Héctor Astudillo, se puede desprender que Rogelio Ortega mintió cuando entregó la administración estatal, pues el déficit de las finanzas públicas están arriba en más de 5 mil millones de pesos a lo que reportó el Grupo Tlalpan, que tenía a Eliseo Moyao Morales en la secretaría de Finanzas del estado. 
¿Sabía Ortega de los faltantes o Moyao se lo llevó al baile con los recursos del estado? Ambos tendrán que rendir cuentas, pues el gobernador anuncia auditorías y promoverá sanciones en el marco de la ley. 
Y ¿sí fueron faltantes del gobierno de Ángel Aguirre, por qué Rogelio prefirió guardar silencio cómplice, y no denunciar?
Cómo dice el prócer panista, haiga sido como haiga sido, han metido en un problema financiero al estado y a la administración de Héctor Astudillo Flores, quien tendrá que demostrar fehacientemente que es un político maduro y curtido en las situaciones difíciles, y devolver la confianza a una ciudadanía que tiene mala percepción de los políticos. 
El gobernador señaló que la situación es estrecha financiera y administrativamente, que “nos ata y exige mayor racionalidad y responsabilidad”.
Dio a conocer que la administración anterior no consideró el pago de aguinaldos a los trabajadores, por lo que realizó gestiones urgentes ante la federación, logrando que del 14 al 18 de diciembre puedan pagarse más del 90 por ciento de los sueldos, salarios y aguinaldos, lo que representa más de 2 mil millones de pesos.
Asimismo, hizo mención que el ISSSPEG “enfrenta una crisis financiera severa, con un pasivo de más de 400 millones de pesos, para lo cual se necesitan cerca de 100 millones de pesos para completar el pago a los pensionados y jubilados”, no obstante su gobierno tiene avances importantes para reunir 100 millones de pesos para cumplir con dicho requerimiento”.
Será necesario que el gobierno actual, ante esta serie de anomalías que ha anunciado, prosiga en la aplicación de los mecanismos legales que necesariamente llevará a quienes cometieron irregularidades a explicar dónde quedaron los millones de pesos faltantes. Esta medida le dará credibilidad y consenso social, y será la válvula de escape para la frustración social ante la mala administración de los últimos gobernadores tan chafas que el estado ha sufrido.  
A los faltantes anteriores habrá que agregarle una presión financiera adicional de más de mil 100 millones de pesos y un pasivo contingente de 800 millones de pesos por laudos. Y si eso no fuera suficiente para documentar su optimismo, existe el problema de los adeudos con proveedores y prestadores de bienes y servicios, por una cantidad de 5 mil 800 millones de pesos.
Los adeudos con terceros institucionales y con empresas del sector financiero y aseguradoras, son por el orden de mil 500 millones de pesos, y a los municipios se les han apoyado con 200 millones de pesos para cumplir con sus compromisos de gasto para el cierre de 2015.
Pero quienes se volaron la barda en meter mano al presupuesto son los funcionarios que han estado en Secretaría de Salud, pues esa deuda es de “enormes proporciones”, porque existe “un déficit de 4 mil 315 millones de pesos”.
Señaló que “todas las obras realizadas por esta Secretaría fueron asignadas por adjudicación directa, por un monto de más de 2 mil millones de pesos, de los cuales se restan por pagar más de 147 millones de pesos”.
Respecto a la Secretaría de Educación, señaló que se encontró la existencia de 19 mil plazas fuera de presupuesto, lo que representa un déficit de alrededor de 2 mil 400 millones de pesos, con un adeudo acumulado de 9 mil 241 millones de pesos, y cuenta con más de 300 mandos medios sin presupuesto, con prestaciones de 232 millones de pesos, también están fuera del presupuesto.
Dijo que al estado le falta comprobar 130 millones de pesos presupuestados en el 2014 del Programa del Instituto Nacional de Emprendedores, además de que no se lograron gestionar más de 81 millones de pesos en proyectos productivos.
En materia de turismo, en la obra de La Diana, de 7 millones de pesos etiquetados, reportaron un avance del 99 por ciento, pero esos trabajos sólo se encuentran al 59 por ciento de su conclusión.
Para obras en La Quebrada había 20 millones de pesos, con un reporte del 23 por ciento de avance; para la remodelación del zócalo de Acapulco, proyectado para concluirse en el 2014, a esta fecha sólo presenta un avance del 59 por ciento.
En obra pública, dijo que la Auditoría Superior de la Federación, entre el 2009 y el 2014, observó irregularidades por más de 8 mil millones de pesos.
Mencionó que detectaron irregularidades en 22 obras por un monto de 292 millones de pesos, las cuales están inconclusas, pagadas sin comprobación, pero no ejecutadas, y de mala calidad: ejecutadas sin partida presupuestal.
De las  obras de gran infraestructura, como el Acabús, iniciada en el 2012, los contratos están vencidos desde el 30 de noviembre del 2014, que ya están regularizados. Aunque esta tiene un pasivo pendiente por cubrir por la cantidad de 170 millones de pesos, de los cuales 70 millones no cuentan con suficiencia presupuestal ni con contrato alguno.
Esta obra ha dejado vulnerable a la administración estatal, porque antes del 31 de diciembre, Banobras solicitará el reintegro del apoyo financiero, lo que implica un monto de 2 mil 155 millones pesos. Ante esto ha solicitado una prórroga para que entre en operación en el primer semestre del 2016.
Del Macrotúnel, que debió haber iniciado operaciones en junio del 2015, tiene una inversión de 3 mil 500 millones de pesos, y está detenida por demandas de ejidatarios y particulares por la falta de permisos, y que generaría mil empleos directos y 2 mil indirectos, por lo que la administración estatal enfrentará reclamos de la concesionaria por los retrasos, señaló el gobernador.
Ante tremendos boquetes financieros que hacen peligrar acciones de gobierno proyectadas por Héctor Astudillo, bien haría en aplicar la ley a quienes los hicieron sin ninguna consideración y en aras de beneficiarse económicamente de manera particular y de grupo. Tremenda corrupción e irresponsabilidad deberá ser castigada, y no le queda más que intensificar sus acciones de gobierno, como el programa de salud para atacar el problema del dengue y la Chikungunya que fuera olvidado por Rogelio Ortega, y hoy ha sido retomado por Astudillo y el alcalde acapulqueño, Evodio Velázquez Aguirre, quien ha instalado su comité de salud y lucha contra estos padecimientos que tanto han afectado a los guerrerenses.  
El presidente municipal de Acapulco, durante la instalación de este comité señaló que se está enfocando en la implementación de acciones y programas en materia de salud pública, y afirmó que su gobierno tomará de manera “responsable el papel que le corresponde, en la ruta de acompañar coordinadamente los trabajos que fortalezcan la salud pública en el municipio junto con el estado y federación, así como con instituciones privadas”.
Lo interesante del caso es que tanto el gobierno del estado como el municipal de Acapulco van de manera coordinada atacando este problema de salud que ha contagiado a miles de personas y los gobiernos anteriores prefirieron ignorar, embelesados como estaban saqueando las arcas de los recursos públicos.   

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