Chilpancingo, Gro., enero 13 del 2016 (IRZA).- El alcalde Marco Antonio Leyva Mena presentó una demanda penal ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), con sede en esta capital, por amenazas que ha recibido por parte del crimen organizado en contra de su integridad y la de su familia, pero “no nos pueden temblar las corvas, tenemos que ir hacia delante”.
Entrevistado a su salida de las instalaciones de la delegación de la PGR, comentó que ha recibido entre seis y siete llamadas del crimen organizado; la primera a los primeros 15 días que asumió el cargo y la última se la hicieron “hace quince días”, razón por la que reforzó su seguridad.
Dijo que en las llamadas le exigen “que la autoridad afloje sus modelos institucionales para que ellos puedan penetrar y ser parte del municipio, del gobierno”.
Mencionó que le “exigen cuota”, pero no le han dado un monto económico ni tampoco qué cargos en la administración.
-¿Este modelo se viene repitiendo desde la administración anterior?- Le preguntó un reportero-
“No tengo conocimiento de la autoridad anterior, yo sólo soy responsable de lo que ocurre al momento de mi llegada”, respondió.
Para complementar la denuncia, dijo que entregó los números de teléfono con lada de la ciudad de México de donde provienen las llamadas que le han realizado para amenazarlo y, “lo que dicen esas llamadas”.
-¿Desconfía de algún colaborador que pudiera ser parte de esto?- Preguntó otro reportero-
“Yo lo que creo es que todos están sujetos a investigación”, dijo.
Mencionó que no disminuirá su actividad pública, “simplemente tengo que reforzar la seguridad”.
Invitó a todos los alcaldes que hayan sido víctimas de amenazas a que denuncien los casos ante la PGR.
Dijo que esta mañana de miércoles se enteró que “el dirigente de la Coparmex ha señalado que algunos comerciantes fueron amenazados por parte del crimen organizado para cerrar sus negocios y facilitar así el asunto de lo de la Feria, pero ante la situación de que ellos hagan la denuncia pues no quieren hacer la denuncia, entonces esto no puede quedar solamente de hechos, también tenemos que hacer la denuncia”.
-¿Tiene conocimiento de que algún funcionario de su gabinete este siendo amenazado?-Le preguntaron-
“No, hasta el momento no. Tengo conocimiento también de que un compañero de la CAPACH fue secuestrado y fue liberado posteriormente”.
Dijo que la denuncia que presentó ante la PGR la preparaba desde hace “cuatro, cinco días”, pero que por motivos de agenda no la había interpuesto, pero que no fue forzada por el secuestro que sufrió el alcalde de Olinalá, Saúl Apreza Patrón, quien fue liberado este miércoles.
Aseguró que la denuncia que interpuso “no dará marcha atrás”, porque “la autoridad no puede dar marcha atrás en una situación de negociación o posibilidades o tener temor ante esta situación”. (www.agenciairza.com)
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