Chilpancingo, Gro., julio 27 del 2017 (IRZA).- Integrantes del Consejo del Autotransporte del Estado de Guerrero (CATEG), demandaron al gobernador Héctor Astudillo Flores una audiencia con el gabinete de seguridad porque -argumentaron- ese sector ha sido víctima de la ola delincuencial, por la que desde el 2016 más de 20 choferes han sido privados de la vida.
María Eugenio Salgado Guzmán, vicepresidente de esa organización, dijo que desde el año pasado más de 20 de sus compañeros transportistas, entre permisionarios, dirigentes y choferes han sido privados de la vida, situación que consideró crítica y repudiable.
También, añadió, al menos 10 de urvan’s han sido quemadas, de enero a la fecha llevan contabilizados más de ocho homicidios, y en un sólo mes asesinaron a cuatro choferes.
La iniciativa surgió después de que el martes pasado por la noche, lesionaron y privaron de su libertad a tres choferes, y dos unidades fueron incendiadas, además de que un taxi fue baleado.
Este jueves cerca de las 9:00 horas, frente al mercado “Baltasar R. Leyva Mancilla”, pintaran los medallones de al menos 700 unidades de taxis de la organización con la leyenda: “Sr. Gobernador, Héctor Astudillo Flores, le solicitamos una audiencia para tratar el tema de la inseguridad”.
Salgado Guzmán informó que después de esos hechos violentos, su hermano Servando de Jesús Salgado, presidente de la organización, suspendió el martes y miércoles por la noche el servicio de taxis, además de que en una reunión urgente decidieron solicitar la audiencia con el mandatario estatal.
Esto –agregó- porque el alcalde priista, Marco Antonio Leyva (MAL), no ha respondido a esa demanda, pese a que hace al menos tres meses les prometió que los respaldaría instalando cámaras de videos en distintos puntos de la ciudad, para “ser los ojos y oídos de los transportista”.
Dijo que ante la indolencia de autoridades federales, estatales y municipal ante la inseguridad, hay madres de familias en Chilpancingo que han perdido a sus hijos y viudas, y que hoy “tenemos muchos infantes que no tienen el proveedor de su hogar, estamos perdiendo el patrimonio de muchos transportistas”.
Recriminó que lo más cruel de todo es que la Fiscalía General del Estado (FGE), aún no tiene una investigación seria, contundente ni responsable para dé con los autores intelectuales y materiales de los lamentables homicidios de transportistas en esta zona.
Además, reprochó que no existe ningún operativo por parte de las instituciones encargadas de procuración de justicia, que se encargan de investigar, y que se carece de una estrategia de seguridad en Chilpancingo para garantizar la tranquilidad al transporte público y a los ciudadanos.
La dirigente de transportista cuestionó que cómo es posible que la delincuencia que se dice organizada haga publicaciones de “Narco-comunicados” en las redes sociales y ni la Procuraduría General de la República (PGR) y ni la Fiscalía General del Estado localicen quienes lo hacen.
“Sé perfectamente que se puede dar con la o las personas que están haciendo estas publicaciones, y extrañamente ninguna institución encargada y obligada de procurar justicia lo está haciendo”.
Precisó que el gobierno cuenta con la policía cibernética, inteligencia policial, y que en Guerrero existe la tecnología, pero reiteró que “extrañamente” no se está haciendo nada por aplicar la ley.
Resaltó que el gobernador Astudillo Flores tiene la mejor de las intenciones de servir, pero que el gabinete de Seguridad no le está ayudando.
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