jueves, 17 de agosto de 2017

OPINIÓN

Lucha Anticorrupción
Por Manuel Tello Zapata.
Resulta indudable que una de las acciones más importantes que ha realizado el Congreso local, es la aprobación de la reforma a la Ley Anticorrupción, que la equipara con la legislación federal y permitirá un combate más claro, transparente y eficaz, contra la desviación de recursos para los bolsillos de malos funcionarios. 

Dicha reforma fue entregada por el Presidente de la Comisión de Justicia del legislativo local, Héctor Vicario Castrejón, al Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, para su publicación y puesta en marcha de inmediato. Durante el acto de entrega, el mismo mandatario estatal hizo una crítica muy contundente a la corrupción, que es el principal mal de nuestros tiempos y le ha generado grandes problemas a nuestra entidad, por la forma impune y cínica con la que actúan, quienes han usado los cargos públicos para llenar sus bolsillos de dinero.
FISCALIZANDO AL FISCAL.
Empero, el Presidente de la Comisión de Justicia, Héctor Vicario, tiene otra tarea no menos importante y es de esperarse que sea de su responsabilidad, llamar a cuentas al Fiscal General del Estado, Xavier Olea Peláez, para que cumpla con su palabra en el sentido de que, a más tardar en dos semanas luego de su reciente comparecencia, daría a conocer la identidad de quienes ordenaron el homicidio del Diputado Armando Chavarría Barrera, quien fungía ni más ni menos que como presidente de la Comisión de Gobierno y su nombre sonaba fuerte, como futuro Gobernador del Estado.
Desde un principio, muchos periodistas no nos tragamos ese cuento y supusimos que Olea Peláez solo había hecho tal ofrecimiento, para salir del apuro en que lo habían metido aquellos diputados que lo cuestionaban sobre las muchas deficiencias de su trabajo al frente de la Fiscalía General del Estado. Hasta el propio Gobernador aseguró que si Olea había hecho ese compromiso, tendría que cumplir su palabra. 
No lo hizo y de esa forma, el Fiscal se ha burlado del pueblo, del Congreso y por qué no decirlo: hasta del propio Gobernador. Es necesario por lo tanto, que el poder legislativo lo llame a cuenta y le exija mayor seriedad y transparencia en sus acciones, o mejor que renuncie al cargo. 
Como suponemos que Olea Peláez no tomará esta decisión, el Congreso debe analizar la posibilidad de destituirlo y nombrar en ese importante cargo, a un abogado eficiente, digno de respeto y que le devuelva a esa dependencia la honestidad, dignidad y seriedad, que se han perdido con el actual Fiscal General del Estado.

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