Organismos de derechos humanos proponen al gobierno trabajar de manera conjunta


 Esto, para combatir todo tipo de injusticias
Chilpancingo, Gro., septiembre 20 de 2017 (IRZA).- La Misión de Observación integrada por organismos internacionales y locales de derechos humanos reiteraron a los distintos niveles de gobierno la necesidad de establecer de manera conjunta políticas públicas que ofrezcan apoyo a la sociedad que ha sido vulnerada con asesinatos y desapariciones forzadas, entre otras agresiones, luego de constatar el drama que viven familias completas en los municipios de Chilpancingo y Chilapa.

Este miércoles, la Misión Civil de Observación integrada por la Red Nacional de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, Amnistía Internacional, Brigadas Internacionales por la Paz, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, sostendrían una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, encargados de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia, para abordar el tema de los derechos humanos en Guerrero; sin embargo, el encuentro se suspendió debido a las afectaciones por el sismo del martes en la Zona Norte a donde se trasladó el mandatario estatal para atender a la población afectada.
En conferencia de prensa ofrecida ayer en el hotel Ombú, el secretario Ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, Fernando Ríos, señaló que en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto 21 defensores de derechos humanos en el país han sido asesinados.
Explicó que la presencia de las citadas organizaciones defensoras de derechos humanos en Guerrero obedece a una honda preocupación, “porque hemos visto una escalada de violencia de parte del crimen organizado, con agentes estatales que han estado implicados, como se ha demostrado en el caso de Ayotzinapa, y nos ha preocupado muchísimo esta escalada de violencia que ha tenido impactos muy importantes que pudimos constatar”.
“Hemos documentado que ha habido 21 ejecuciones extrajudiciales (sic) de personas defensoras de los derechos humanos en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, y esto nos parece sumamente grave. Hemos documentado que estas violaciones se han triplicado por una política de Estado que el gobierno federal ha implementado y que también tiene consecuencias aquí en Guerrero”, añadió.
Raquel Aguilera, representante de  Amnistía Internacional, dijo que este organismo ha dado cuenta de la estigmatización y criminalización que se están aplicando contra personas defensoras de los Derechos Humanos en Guerrero, así como contra las organizaciones a las que pertenecen.
“Por lo que consideró que es muy importante que la autoridad estatal reconozca el trabajo de las personas, organizaciones y sociedad civil defensoras de Derechos Humanos, porque si bien las víctimas están en estado de vacíos legales, y no seguimiento de sus investigaciones, también los que defienden estos derechos se encuentran en estado de vulnerabilidad”, asentó.
Dijo que han podido constatar que la delincuencia organizada controla, inhibe y calla la voz de la sociedad, y, además, atribuyen a esto el desplazamiento de las comunidades de varios años a la fecha, un desplazamiento “hormiga” de comunidades de Chilapa.
Explicó que el gobierno no ha hecho nada por revertir esa situación y se han dado cuenta de que estas comunidades están en el abandono, sin clínicas, escuelas y viviendas

No hay comentarios.:

Publicar un comentario