Chilpancingo, Gro., febrero 6 de 2018 (IRZA).- Integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chilpancingo urgieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) ejercer acción penal y encarcelar al alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva (MAL), por un presunto desvío de recursos durante su administración, el cual asciende a 24 millones de pesos.
En diciembre del año pasado, la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó una denuncia penal en contra de MAL, por sustraer información y documentos sobre movimientos financieros realizados durante los dos años que estuvo al frente del Ayuntamiento de Chilpancingo.
A esa denuncia se sumó otra interpuesta la semana pasada por la misma ASE ante el Ministerio Público local en contra de MAL, porque presuntamente malversó o desvió para su propio beneficio un monto superior a los 24 millones de pesos.
En este contexto, en conferencia de prensa este martes en las oficinas de la Canaco, que se ubica en la Plaza Cívica “Primer Congreso de Anáhuac”, en el Zócalo de esta ciudad, Pioquinto Damián Huato -ex dirigente de ese organismo empresarial- pidió a la FGE concretar esas denuncias para que MAL sea detenido por haber incurrido en tales ilícitos.
Reiteró que no permitirán que MAL regrese a la Alcaldía por haber generado un “quebranto financiero” al Ayuntamiento, pero también por ser responsable de diferentes problemas, como la inseguridad, la contingencia ambiental por la acumulación de basura en las calles, y las constantes protestas y conflictos con trabajadores municipales y organizaciones sociales.
“Lo que vivimos hoy en Chilpancingo es consecuencia de la indolencia de Marco Antonio Leyva Mena”, aseveró el ex dirigente de la Canaco, quien también recordó que le advirtió al priista (MAL) que los policías municipales estaban coludidos con grupos de la delincuencia organizada, porque -sostuvo- perpetraron el secuestro de un comerciante integrante de la Canaco, y MAL nada hizo.
Damián Huato y Víctor Ortega Martínez, actual dirigente de la Canaco, recalcaron la demanda para que la FGE proceda penalmente en contra del alcalde con licencia
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