Insisten en su reinstalación policías estatales despedidos en el 2017

Chilpancingo, Gro., junio 26 del 2018 (IRZA).- Policías estatales despedidos en el 2017 por denunciar una serie de irregularidades del secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, exigieron su reinstalación y pago de salarios caídos. 

Según los ex agentes que en mayo del 2017 realizaron una marcha para exigir mejores salarios, equipo y armamento moderno, derivando de ello su despido, mostraron una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) en donde se le pide al gobierno su reinstalación inmediata.
En una rueda de prensa que ofrecieron afuera de las oficinas de este organismo de derechos humanos, los ex policías encabezados por José Muñoz dijeron que el secretario de Seguridad Pública, Almazán Cervantes, ha desoído la orden de un juez federal que le ordenó enviar a una audiencia a su funcionario de nombre Francisco Solís Véjar.
Solís Véjar, según el documento oficial que mostró José Muñoz, es el que les notificó su despido cuando se encontraban en el cuartel de la Policía Estatal realizando un paro de labores.
Ese mismo día, los uniformados se trasladaron en marcha por la Autopista del Sol hacia las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, en donde interpusieron una queja contra Almazán Cervantes.
Señaló que pese a existir evidencia de que Solís Véjar trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública, Almazán respondió al juez federal que esta persona no labora en la dependencia.
“Lo que está haciendo el gobierno es retardar el proceso jurídico para que el juez no emita de manera rápida su resolución en favor de nosotros”, afirmó.
Mencionó que ya la CDHEG emitió una recomendación en la que pide al gobierno estatal su reinstalación y pago de salarios caídos.
Los ex agentes también acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH) para interponer otra queja.
José Muñoz dijo que en la corporación siguen prevaleciendo las mismas irregularidades que ellos denunciaron cuando estaban en funciones.
“Los compañeros no tienen uniformes, no les pagan viáticos, y si se los pagan es con retrasos. Tampoco hay armamento moderno y la mayoría de las patrullas está en malas condiciones”, acusó.
Recordó que ellos denunciaron que compraban sus uniformes y botas.
“La situación creo está peor, porque ahora ni siquiera dejan que los compañeros denuncien lo que les pasa ante la opinión pública, y si lo hacen son cesados”, lamentó.

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