Preocupante el alto índice de mujeres asesinadas en Guerrero

Chilpancingo, Gro., julio 30 del 2018 (IRZA).- Feministas integrantes de agrupaciones contra la violencia hacia las mujeres exigen que el gobierno estatal atienda las recomendaciones emitidas por la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), ante el registro de 137 homicidios dolosos con presunción de feminicidios cometidos en Guerrero de enero de este año a la fecha.

A nombre de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia la Mujer, Marina Reyna Aguilar informó que mecanismos como el Protocolo Alba, para el caso de desaparición de mujeres de la tercera edad, no funcionan, a pesar de que en la actualidad existen al menos tres casos de féminas mayores de edad desaparecidas, tan sólo en Chilpancingo.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró en el 2017 un total de 29 mil 168 homicidios dolosos, de las cuales 671 fueron feminicidios; esto en todo el país.
En tanto, en Guerrero se registraron el año pasado 219 homicidios dolosos contra mujeres, de los cuales 13 fueron clasificados como feminicidios. Tan sólo de enero a la fecha se tienen 137 homicidios dolosos con presunción de feminicidios.
Las mujeres exigieron al gobierno del estado de Guerrero armonizar con los municipios los mecanismos que aseguren la aplicación de la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos como la trata de personas.
Destacaron que “no existe a nivel nacional ni estatal, un registro oficial, sistemático y unificado de las mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas, y hay una falta de armonización de la legislación para tipificar, investigar y sancionar la desaparición, de los mecanismos de búsqueda efectivos y apoyo para los familiares cuando inician la búsqueda y promueven la investigación y exigen Justicia”.
Indicaron que les preocupan los altos niveles de inseguridad, violencia y crimen organizado en México, así como la afectación de manera negativa en el disfrute de los derechos humanos de niñas y mujeres; los patrones persistentes de violencia generalizada contra mujeres y niñas, incluyendo violencia física, sexual y económica, así como el aumento de la  violencia en los hogares, las desapariciones forzadas, tortura y el asesinato