Chilpancingo, Gro., agosto 15 del 2018 (IRZA).- Las ciudades de Acapulco, Iguala y esta capital estarían descartadas para albergar a la Secretaría de Salud (federal), toda vez que no cuentan con oferta de vivienda, vialidades y servicios adecuados para ese fin.
Esto se desprende de un análisis que hace Alejandro Kuri Pheres, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), sobre el plan de desconcentración de varias Secretarías del gobierno federal, de la Ciudad de México a la provincia, que ha anunciado Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente del país.
Para Kuri Pheres sólo seis ciudades cuentan con la oferta de vivienda y la infraestructura necesaria en vialidades y servicios para recibir a Dependencias federales contempladas en la desconcentración. Señaló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) puede tener su sede en Puebla, la de Economía en Monterrey y la de Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí.
También que León, Guanajuato, puede albergar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Mérida a la del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Guadalajara u otra ciudad idónea del estado de Jalisco pueden ser la nueva casa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
El presidente de la AMPI afirmó que la mayoría de las ciudades ubicadas fuera de la Ciudad de México no tienen la capacidad e infraestructura necesaria para acoger a una dependencia federal.
De acuerdo con este criterio Chilpancingo, Iguala y Acapulco no tienen capacidad para albergar a una Secretaría del tamaño de la de Salud, aun cuando López Obrador haya adelantado, durante su campaña por la Presidencia, que esta capital sería la nueva sede de esa Dependencia federal.
Kuri Pheres dijo que hay ciudades donde no hay un sólo edificio nuevo que pueda albergar a una dependencia del gobierno. Sólo hay inmuebles viejos y pequeños en espacio.
En todo caso, comentó el líder inmobiliario que al lugar a donde se trasladen las Secretarías será necesaria la inversión privada en oficinas, ya que un edificio como los que ocupa el gobierno, de entre 30 mil y 70 mil metros cuadrados, requieren de inversiones que van de los 500 a los 600 millones de dólares.
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