jueves, 2 de agosto de 2018

Sugiere abogado un estudio profundo sobre abortos por violación sexual

Fernando Polanco Ochoa/IRZA 
Chilpancingo, Gro., agosto 01 de 2018 (IRZA).- Aunque el aborto por violación sexual ya está contemplado en el Código Penal de Guerrero, grupos de feministas presionan para que su práctica y autorización no dependa de una denuncia penal. De acuerdo con el artículo 121 del Código Penal, en el estado de Guerrero existen tres causales punibles para que una mujer pueda recurrir a la práctica de un aborto dentro de las 12 semanas de gestación. La fracción I del artículo establece: “Cuando sea causado por culpa de la mujer embarazada”. Es decir, que haya sido causado por sí misma sin que se haya dado cuenta de su estado de embarazo.
El abogado penalista José Balbuena Herrera, ejemplificó: “Cuando no saben que están embarazadas y tomen algún medicamento”. Esto es, la interrupción accidental de la gestación. La siguiente causal se establece en la fracción II del citado artículo: “Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial indebida, caso en el cual bastará la comprobación de los hechos por parte del Ministerio Público para autorizar su práctica”. De acuerdo con Balbuena Herrera, esta causal debe acreditarse mediante una denuncia penal a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la Fiscalía General del Estado (FGE). Un médico legista, de preferencia mujer, deberá realizar la revisión y auscultación de la víctima para acreditar la agresión sexual. Indicó que el procedimiento debe ser inmediato para evitar que el trámite sea engorroso. En entrevista telefónica indicó que los funcionarios de la FGE deben tener “flexibilidad y sensibilidad” para brindar atención de calidad. “Mi sugerencia es que si existe un Ministerio Público en delitos sexuales y violencia familiar, que exista también un hospital especializado para la atención de las víctimas”. De acuerdo con el abogado, en los casos donde la víctima es menor de edad y el victimario es su familiar, el agente del Ministerio Público debe ordenar las investigaciones para acreditar el delito y autorizar la práctica del aborto. Agregó que el 80 por ciento de las víctimas de violación sexual son mujeres, la mayoría de escasos recursos y generalmente no cuentan con testigos, por lo cual -sugirió- deben acompañar su denuncia con una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La fracción III del artículo establece la última causal para la práctica de un aborto punible: “Cuando a juicio de dos médicos exista razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas o congénitas, que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves”. José Balbuena añade que enfermedades como la embolia o preeclampsia que pueden presentarse durante el embarazo y que por falta de oxigenación o vitaminación de la madre derive en trastornos físicos o mentales en el producto. Agregó que esa tercera causal de aborto establecida en el Código Penal también debe acreditarse mediante estudios médicos que corroboren alternaciones genéticas que hagan inviable la continuidad de la gestión. Causa excluyente Sobre la presión que ejercen líderes asociaciones civiles de los derechos de la mujer para suprimir la denuncia penal para interrumpir el embarazo producto de una violación sexual, conocida también como “causa excluyente”, dijo que debe analizarse con detenimiento. En ese sentido comentó que la legislación de un derecho no debe tener consecuencias para terceros. “Debe haber un estudio profundo porque la modificación de leyes a petición de grupos sociales, no siempre son benéficas para el cien por ciento de la población”. También se debe evitar que la modificación que reclaman grupos feministas en relación a la norma NOM-046 sea utilizada para que mujeres recurran al aborto por circunstancias ajenas a una agresión sexual, señaló.

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