jueves, 11 de octubre de 2018

Verum Etiam Nocet

(Ramiro Arturo Barrera Moreno)
“No hay plazo que no se cumpla”, reza el refrán popular y así llegaron a su fin las administraciones municipales del periodo 2015-2018 en nuestra entidad, la mayoría con más pena que gloria. En el caso de Zihuatanejo se recibe un ayuntamiento con muchos problemas financieros que serán un lastre para el buen funcionamiento del actual gobierno.
Uno de esos problemas es el pago del aguinaldo de los trabajadores, sobre todo aquellos que han sido separados de sus cargos y tienen derecho a una liquidación conforme a la ley. Cuestión que puede resolverse por dos vías: Una seria la de la negociación sin avasallamiento y la otra a través de las demandas laborales que interpongan los afectados. “Más vale un mal arreglo que un buen pleito” dice otro refrán.
El actual primer edil, dijo muy claro que la administración saliente “no dejó provisionado el pago de los aguinaldos” y esta situación puede tornarse muy grave para las autoridades que entregaron el poder, ya que el Auditor Superior del Estado el pasado 31 de agosto declaró que: “Quien no deje este recurso también será sujeto de responsabilidades en términos de le Ley… principalmente administrativas”.” agregando que “Podrían derivar en (sanciones) penales si se acredita que este dinero fue utilizado y que no fue comprobado de manera correcta, incluso inhabilitación”.
Por su parte Homero Rodríguez, presidente saliente faltando un día para concluir su mandato dijo “asumo la responsabilidad y el compromiso para estar al pendiente de que se le paguen los aguinaldos a todos los que hayan trabajado en esta administración, de eso no tengan duda”, excusándose de que en los últimos meses de su administración el Sistema de Administración Tributaria el SAT, retuvo al ayuntamiento 11 millones de pesos. El SAT, solo pudo haber retenido esos recursos por omisiones en el pago de impuestos y si así fue, las autoridades de la administración saliente salieron perjudicadas por sus omisiones administrativas.
La gran pregunta es ahora: ¿cumplirá la Auditoría Superior del Estado con sancionar a los ediles que no hayan provisionado el dinero de los aguinaldos? Se supone que la ASE, es el órgano de fiscalización dependiente del Congreso del Estado y es totalmente autónomo del poder ejecutivo. Sin embargo, de todos es sabido que a los auditores los han impuesto los gobernadores. En el caso del actual auditor superior, y los auditores especiales, el cargo se lo deben al ex gobernador Ángel Aguirre, por lo que puede suponerse que Héctor Astudillo, estaría interesado en cambiar al auditor superior y a sus 4 auditores especiales, pero parece que no es así, ya que el pasado 27 de julio de este año, se reformo la Constitución del Estado que la otorga un poder inusitado al actual auditor superior, ya que los auditores especiales dependerán exclusivamente de él y no del Congreso, además de que podrá prorrogar su mandato por largos 7 años más.
Hay que recordar que el auditor superior Alfonso Damián Peralta, es hermano de la ex diputada federal perredista Estela de los mismos apellidos, hoy militante de Morena y allegada del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador. ¿Tendrá que ver esto con el poder y confianza brindado al auditor superior del estado, desde Casa Guerrero?

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