Esta semana en Roma, Italia, los partidos en su totalidad estuvieron a favor de implementar la reforma integral del sistema que secciona el Parlamento, en la próxima legislatura donde el número de parlamentarios se verá reducido a una tercera parte.
En México la 4T que encabeza Andrés Manuel López Obrador tiene un plan similar que recortará una tercera parte de los senadores y que analiza cuántos diputados plurinominales recortar.
Así pues, la Cámara de Diputados pasará de tener 630 escaños a 400, mientras que en el Senado el recorte irá de los 315 actuales a 200. Hasta ahora el Parlamento italiano era uno de los más sobredimensionados de Europa, con un diputado por cada 96.000 habitantes. Sin embargo, con la reforma se pasa al extremo opuesto, ya que por cada 152.000 hijos de vecino habrá uno con derecho a redactar las leyes. En España, por ejemplo, la ratio es de uno a 133.000. En otros países de nuestro entorno, la «casta» se presenta más oronda.
La reforma italiana es una reivindicación histórica del Movimiento 5 Estrellas (M5E), que nació con la voluntad de acabar con los privilegios de los políticos. La única fuerza que se había opuesto desde el comienzo del debate parlamentario fue el Partido Democrático (PD), pero como ya demostraron al formar Gobierno con el M5E, el pacto también puede servir para cambiar sus ideas. Ayer la diputada del PD Simona Malpezzi dijo que votaron a favor porque «la ley ya no se lee en clave populista», pese a que el texto no se ha modificado en una coma. El resto de partidos estaban previamente de acuerdo. Aunque, fieles a su gusto por la escenificación, quienes más lo celebraron fueron los miembros del M5E, que mostraron pancartas y tijeras de cartón a las puertas del Parlamento. En ellas se leía que los sucesivos recortes le proporcionarán un ahorro a los italianos de mil millones en diez años. Si bien, los cálculos realizados hasta ahora apuntan a una cifra más modesta: 81 millones.
En cuanto al coste, el adelgazamiento del Parlamento tiene un carácter más cosmético que otra cosa. Pero el alcance político y legal es de suma importancia. En primer lugar, se trata de una reforma constitucional, por lo que un quinto del Parlamento –no se prevé tras el voto–, cinco regiones o 500.000 ciudadanos tienen derecho a reclamar que la ley se apruebe en referéndum. Si no ocurre en tres meses, entraría en vigor y se aplicaría para las próximas elecciones. Un voto que cambiaría radicalmente de forma, porque además sería necesaria una nueva ley electoral.
Con la pérdida de diputados, los partidos plantean un sistema más proporcional que no deje a nadie fuera. Los socios de Gobierno están de acuerdo, pero no así el líder de la Liga, Matteo Salvini, que apuesta por una ley mayoritaria que en estos momentos le favorecería. En los últimos 25 años se han aprobado tres leyes electorales distintas, siempre en función del interés del Ejecutivo de turno, y la Justicia ha tumbado otras tantas. En cualquier caso, la farragosa tramitación de la nueva norma apunta a que se extenderá durante la legislatura, por lo que el Gobierno podría resistir. Los diputados que quieran tumbar el Gabinete y volver a las urnas jugarían además a la ruleta rusa, ya que en los próximos comicios un tercio de ellos no volverá a pisar el Parlamento.
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