El informe de la CNDH de la violencia en Chilapa.
Roberto Santos
Si bien Chilapa ha sido uno de los municipios afectados por la violencia, está claro que los datos que dio la CNDH en su informe especial, contiene datos desfasados.
Así lo reconoció el obispo de Chilpancingo-Chilapa Salvador Rangel, quien señaló que en este año los niveles de violencia han reducido.
De acuerdo al informe presentado en la cabecera municipal hace algunos día, el número de homicidios en Chilapa de Álvarez, aumentó de 32 en 2011 a 275 en 2017 y en ese mismo periodo desaparecieron más de 200 personas.
Para todos es conocido que esto es producto del enfrentamiento entre dos grupos de empresas criminales que buscan controlar esa zona mediante actos violentos.
Sin embargo, los desparecidos siguen siendo el objetivo principal para sus familiares y grupos afines, al no ser encontrados en su totalidad.
En suma, según datos de la CNDH, son 247 personas desparecidas –con datos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE)– en el lapso del 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2018.
En ese mismo periodo 78 de las personas desaparecidas fueron localizadas por la FGE: 67 sin vida y 11 con vida.
La Fiscalía encontró de 2011 a 2017, entre 9 y 12 fosas clandestinas con 37 y 41 cadáveres.
Lo que resalta el este informe son los pobres resultados de la Sedena en sus escasos operativos realizados durante varios años.
De tal manera, la Sedena realizó en 2011 cinco operativos con 134 elementos y aseguró 13 armas largas, y ninguna persona detenida.
Durante 2012 se realizó un operativo, con 22 efectivos, pero no se detuvo a nadie. En 2013 no se realizó ningún operativo de la Sedena.
En 2014 el Ejército participó en tres operativos con 53 militares y sólo en uno de ellos, con apoyo de la Policía Estatal, detuvo a una persona por el delito de robo a casa habitación.
Para 2015 realizó 2 operativos en los que actuaron 95 soldados, sin que se reportaran detenciones ni aseguramientos de objeto alguno.
En 2016 el número de operativos se elevó hasta 90, pero solo se logró la detención de cuatro personas. No se sabe el delito cometido. Y le aseguraron una granada, cinco armas de fuego, cinco cargadores, 30 cigarrillos de mariguana, más de mil cohetes de varilla y 100 kilogramos de juegos pirotécnicos. En total participaron 2 mil 532 soldados.
En 2017 fueron 84 operativos realizados, en los que únicamente participó personal castrense, desplegándose 2 mil 58 efectivos.
Finalmente, la Sedena señaló en su respuesta a la CNDH que en el lapso del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, se efectuaron 32 operativos en donde participaron 671 elementos, quienes localizaron 5 personas lesionadas, 15 sin vida y bolsas negras con restos humanos, además se detuvieron a 9 personas en flagrancia por portación de arma de fuego.
Es obvio que la CNDH señalara que “los resultados no fueron los esperados, puesto que no se lograron reducir y mucho menos abatir, los índices de criminalidad y las condiciones de inseguridad que imperan en esa zona de la Montaña baja”.
El informe está claro, y por corresponder al gobierno federal se esperaba que tanto la Policía Federal como el Ejército tuvieran mayor actividad en la vigilancia de este municipio para reducir los niveles de violencia y criminalidad, así como la desaparición de personas.
Tiene razón el obispo Salvador Rangel en pedir que el gobierno federal ofrezca mayor apoyo a los grupos de los familiares de los desaparecidos en este municipio.
Y si bien ha ido reduciendo el clima de inseguridad y de acciones de violencia, es deseable que con la presencia de la Guardia Nacional, las acciones sean más sistemáticas y ofrezcan mayores resultados.
Además ofrezcan, mayor acompañamiento a los grupos de familiares que buscan a sus desaparecidos. Esa demanda tiene que ser atendida de inmediato.
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