En alusión a hechos como los ocurridos en un colegio de la ciudad de Torreón, donde un alumno le quita la vida a su maestra hiere a otros y luego se suicida, así como al menor que recientemente se suicidó en Mazatlán, los diputados invitaron a padres de familia a poner más atención en sus hijos.
El diputado Mario Rafael González Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del PT, consideró que lo que prevalece son los conflictos emocionales y la desorientación existencial.
Propuso que se haga un exhorto a la Secretaría de Educación Pública para que se impartan cursos de orientación a los alumnos de secundaria para que se les alerte de las acciones tan lamentables como las de Torreón y Mazatlán.
Señaló que hace 17 años la tasa de suicidios pasó de 2.1 al 3.1 por cada 100 mil habitantes.
Ante esta incidencia cuestionó las acciones y programas que llevan a cabo las secretarías de Seguridad Pública, de Salud y de Educación Pública, ya que en 2019 se les destinaron 300 millones de pesos para programas de prevención y disuasión del delito.
La cuestión es, dijo, que no se sabe cómo se gastó ese recurso, cuál fue el procedimiento de uso y asignación, qué empresas fueron contratadas y cuáles son los beneficios.
En el mismo sentido se había pronunciado minutos antes la diputada del PRI, Guadalupe Iribe Gascón, quien propuso que de forma preventiva en Sinaloa se valore la posibilidad de implementar el ’Operativo Mochila’ en las escuelas, consistente en revisar las mochilas de los alumnos para detectar la posible presencia de armas o de drogas.
Aclaró que junto con esta medida se deben analizar otras posibles para evitar hechos violentos como los arriba señalados.
Sin embargo, aclaró que no se debe dejar toda la responsabilidad a las autoridades, por lo que los padres de familia deben tener un mayor contacto con sus hijos y brindarles valores dentro del hogar.
De parte del Congreso del Estado, considero que su responsabilidad es darle soporte jurídico a las acciones y programas que se implementen para evitar hechos violentos por parte de niños, niñas y jóvenes.
Los diputados de Morena, Juan Ramón Torres Navarro y Francisca Abelló Jordá, también se pronunciaron por llevar a cabo acciones que ayuden a prevenir hechos violentos en planteles escolares.
Torres Navarro, observó que la cuestión financiera es un problema para avanzar, pues advirtió que además de querer dar mayores responsabilidades a directores y a maestros, en las escuelas se tienen aulas sin maestros y también se tienen profesores de educación física y de otras materias que se les retrasan sus pagos.
Abelló Jordá consideró que los niños y jóvenes incurren en conductas violentas por la falta de una mayor atención de sus padres, y por el distanciamiento que hay de éstos con el uso de nuevas tecnologías y el internet, que es tan accesible a los menores de edad.
Sin embargo, reconoció que hay otros factores que influyen en el desarrollo de conductas violentas en niños y jóvenes, como formar parte de familias monoparentales, sufrir maltrato físico o recibir hostigamiento.
Lamentó que del 2010 al 2017 se hayan registrado 48 mil suicidios en México, ya que ello implica 17 suicidios por día.
Ante ello, exhortó a sus compañeros diputados y diputadas a que hagan lo que puedan hacer desde sus trincheras.
Édgar Augusto González Zatyarain, diputado del PRD, también demandó de la Secretaría de Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de Sinaloa atiendan de mejor manera la problemática referida ya que cuentan presupuesto para hacerlo.
La responsabilidad de las instituciones es brindar seguridad a la niñez y juventud que ’los estamos perdiendo; se nos están yendo’.
Las autoridades, criticó, justifican el gasto de sus presupuestos pero no se ven los resultados.
Incluso acusó que en el Gobierno del Estado hay funcionarios que no están haciendo su tarea, a quienes les invitó a que renuncien y dejen sus espacios a otros funcionarios que sí quieran hacer su tarea.
Karla de Lourdes Montero Alatorre, del Partido Encuentro Social, consideró necesario darle un mayor impulso a la cultura de la salud mental, pues lamentó que haya quienes rechazan ir a un sicólogo o siquiatra, aun cuando es necesario hacerlo.
El Congreso del Estado, propuso, debe legislar al respecto, para garantizar que en las instituciones de salud mental se tenga una mayor plantilla de profesionistas.
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