El GPPRD en la Cámara de Diputados demandó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no dejar en desamparo y vulnerabilidad con el pretexto de la pandemia del COVID-19 a los 151 mil encuestadores eventuales que contrató con motivo del Censo de Población y Vivienda 2020.
En todo caso, pidió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) hacer que dicho organismo autónomo respete los derechos laborales de sus trabajadores, incluidos los 18 mil verificadores que presuntamente despidió a principios de este mes.
La bancada del Partido del Sol Azteca propuso al conjunto de la Cámara de Diputados hacer valer sus facultades a favor de los encuestadores, entrevistadores y verificadores eventuales del INEGI, en aras de la justicia laboral, hoy mucho más necesaria en el país dada la crisis desencadenada por el COVID-19, misma que amenaza con afectar a los sectores más vulnerables.
Puso a consideración de esta Cámara un punto de acuerdo en el cual argumenta que la propia STPS advirtió que no hay fundamento legal para despedir o dejar de pagar salarios a los trabajadores con motivo de la Emergencia Nacional Sanitaria por COVID19 y el paro de labores no esenciales decretada por el Consejo de Salubridad General el pasado 30 de marzo.
Recordó que, de acuerdo con la Ley de Federal del Trabajo (LFT), las empresas y patrones deben pagar el salario íntegro a sus empleados aún en estas condiciones o bien pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes.
Sin embargo, el INEGI dio por terminada la relación de trabajo con el mencionado personal sin asumir responsabilidad alguna y le hizo firmar su renuncia el 3 de abril, con lo que anuló contrato laboral 15 días antes de lo establecido -pues la vigencia del mismo concluiría el 17 de abril-, según denunciaron los afectados.
El INEGI pretendió justificar este despido indebido de sus empleados con la argucia de que el Censo 2020 se había postergado, pues ante la pandemia por coronavirus, las entrevistas físicas eran imposibles de realizarse por cuestiones de seguridad.
Para el GPPRD, tal explicación para no pagarles es improcedente pues la ley laboral es muy clara al respecto, por lo que se debe cumplir por todas las instituciones del Estado Mexicano, incluidos los “organismos autónomos” como el INEGI.
“Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRD hace un respetuoso llamado al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para garantizar los derechos laborales de los trabajadores que participaron en el Censo de Población y Vivienda 2020, garantizando con ello lo establecido en nuestra Constitución y en la ley de la materia”, puntualizó el Grupo Perredista.
Reconoció que las tareas del INEGI -creado en 1983- y sus trabajadores son de particular importancia para el país, pues como encargados de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como de captar y difundir información de México en cuanto a territorio, recursos, población y economía, contribuyen a la toma de decisiones.
Una de esas tareas es el Censo de Población y Vivienda cada diez años, para cuya realización en este 2020 contrató a 151 mil entrevistadoras y entrevistadores, cuyos derechos laborales ahora pretende violentar.
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