*Violencia doméstica en cuarentena.
*Incrementar a 65 años de castigo a feminicidas, propuesta de la diputada Leticia Mosso.
Roberto Santos
Una de las consecuencias del encierro por la cuarentena es el riesgo al que están expuestas miles de mujeres a sufrir violencia por parte de su pareja, aunque no solo ella, también los niños.
Eso lo ha denunciado el mismo secretario general de las Naciones Unidas de la ONU, quien ha señalado de un “terrible aumento de la violencia doméstica a nivel mundial debido a la pandemia del coronavirus.”
El funcionario ha lanzado un SOS para proteger a las mujeres y a los niños y niñas en el hogar, ante los numerosos casos de violencia machista por las medidas de confinamiento.
Para la ONU es lamentable que las mujeres y niñas se encuentren en riesgo precisamente donde deberían estar protegidas.
Por eso su llamado a todos los gobiernos para que adopten acciones preventivas que protejan a la mujer y para que proporcionar recursos a las víctimas como parte de sus medidas de contención al Covid-19.
México sigue siendo un país profundamente machista, con alto porcentaje de violencia en contra de las mujeres, de las niñas y los niños.
El caso más brutal de estos días de cuarentena es la violación y asesinato de Paloma, de 14 años, en la Laguna del Rey, municipio de Ocampo, Coahuila.
Otro caso fue el asesinato de una mujer y su hija de 14 años de edad, apuñaladas en la Colonia Progreso del puerto de Acapulco.
A esto se suma la desaparición y asesinato de una joven taxqueña, que estaba reportada como desaparecida, localizada desnuda y asesinada a golpes dentro de una cueva en el Llano, del mismo municipio.
La Red Nacional de Refugios (RNR señala que en México diez mujeres son asesinadas diariamente, de los cuales el 40 por ciento ocurren en los hogares de las víctimas; el 88 por ciento de las mujeres que llegan a refugios lo hacen por las agresiones que sufren en sus hogares y el 64 por ciento padecen violencia diariamente a manos de sus parejas.
En Chilpancingo la dirección de Atención a la Mujer, a cargo de Sol Cuevas, tiene reportes de violencia económica, ya que durante esta cuarentena 5 mujeres han presentado su queja porque sus exparejas han dejado de darles la pensión a que están obligados, y las cinco mujeres dependen exclusivamente de ese recurso, por lo que es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto.
Las propuestas para castigar la violencia machista han sido presentadas por distintas agrupaciones y partidos políticos, y de estas, vale rescatar la que el 13 de marzo presentara la diputada petista en el Congreso local de Guerrero, con la intención de atacar esa violencia machista que termina en asesinatos en contra de las mujeres en el estado de Guerrero.
El proyecto de Leticia Mosso Hernández, pretende reformar el Código Penal del Estado de Guerrero y aumentar las penas por el delito de feminicidio de 45 años la mínima y hasta 65 años la máxima.
Un propósito que debería ser discutido ampliamente y aprobar por la legislatura local, ya que es necesario implementar penas más severas a quienes asesinan mujeres por la condición de serlo.
Actualmente la pena para quien cometa feminicidio es de cuarenta a sesenta años de prisión.
La diputada fue clara en sus argumentos, por eso lo interesante de su propuesta. Destacó que el artículo 135 del Código Penal local señala que comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer, y que se consideran razones de género cuando la víctima presente señales de violencia sexual, presente lesiones o mutilaciones infamantes, denigrantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.
Mencionó aquellos casos donde existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia, en el ámbito familiar, laboral o escolar, cometido por el sujeto activo, así como cuando se establezca que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.
También cuando exista o haya existido una relación de familia, sentimental, afectiva o de confianza; cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado o exhibido en un lugar público; cuando la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.
“Esta violencia dice la diputada petista– tiene graves repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad, el patrimonio y la vida de las niñas, adolescentes y mujeres, por lo que constituyen serias violaciones a sus derechos humanos que, además, merman el avance del desarrollo del Estado”,
Señaló que deben existir políticas públicas de los tres poderes públicos para contrarrestar tan “deleznable conducta”, y que la función del Legislativo es brindar a la sociedad normas justas, para que los feminicidas sean sancionados con rigor.
Para reforzar su argumento, mencionó el alto porcentaje de casos que no se castigan, al señalar que “los casos de feminicidio y violencia contra las mujeres tiene además un componente de injusticia social: la impunidad” y el 99 por ciento de los casos de violencia feminicida quedan sin castigo.
La legisladora citó datos de “México Evalúa, que señala que los delitos sexuales contra las mujeres mayores de 18 llegan muy rara vez a la justicia, y entre julio y diciembre de 2019, el 99.7 por ciento de los casos de violencia sexual no fueron denunciados.
Dijo que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubica a Acapulco entre los 100 primeros lugares del delito de feminicidio a nivel nacional, y que en el 2019 las mujeres víctimas de homicidio doloso en Guerrero fueron 174, ocupando el 6° lugar y los homicidios culposos en contra de mujeres fue de 132, ocupando el 10° sitio nacional.
La diputada deja clara su postura feminista al insistir que “toda muerte de una mujer por protocolo se tiene que investigar con perspectiva de género y sobre todo iniciar la indagatoria bajo el supuesto de la comisión del delito de feminicidio”.
Ahí tienen los diputados una propuesta interesante, y quizá sea necesario profundizar en la discusión, aunque a decir verdad, todos deberían estar por su aprobación para castigar con más años a los feminicidas, en espera de que estos delitos de género puedan reducirse en el estado.
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