Chilpancingo, Gro., a 01 de octubre del 2020.- El diputado Bernardo Ortega Jiménez presentó una iniciativa de reformas a la Ley del Notariado del Estado para que, previo estudio socioeconómico en cada región y ciudad, se emita el Arancel Notarial, el cual deberá actualizarse cada año conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Al presentar su iniciativa, Ortega Jiménez (PRD) manifestó que la propuesta tiene como objetivo regular los cobros que realizan los notarios del estado por los diferentes servicios que ofrecen, para que el ciudadano busque la mejor prestación de servicio y aumentar la calidad profesional del mismo.
Dijo que la falta de un arancel que contenga el catálogo de honorarios que perciben los notarios por sus servicios permite que se desarrolle una función notarial contraria a los principios de ética y los conlleva al plano del comercio, donde rige no la competitividad profesional, sino la del servicio más barato.
El legislador argumentó que casi todos las entidades establecen aranceles para los honorarios de los notarios, pero en la práctica se observa una gran variedad en las tarifas cobradas por un mismo servicio, lo cual sugiere que los aranceles sean un tope máximo superior al precio de mercado, o constituyen una referencia no vinculante.
Explicó que la Ley del Notariado del Estado de Guerrero establece en sus artículos 16 y 17 que al no ser remunerados los notarios, tienen derecho a cobrar a los interesados los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios, conforme al arancel autorizado por el Ejecutivo, mismo que determinará el costo económico del servicio de la función notarial, para que haya certeza y se genere confianza en los ciudadanos. Sin embargo, agregó, tal arancel no existe, lo que conlleva a que los servicios notariales varíen en una misma ciudad.
Por ello propone un arancel de servicios notariales, que no debe ser una simple lista de servicios y costos, sino que se sustente en estudios socioeconómicos que contengan una especificación de los costos de materiales que son necesarios en la función notarial, pago de rentas, pago de empleados, traslados, así como la remuneración del propio notario; esto acorde a la ciudad donde se presta el servicio, con la diferenciación regional, tomando en cuenta las características del estado y los precios de mercado existentes en cada región.
Intervenciones
Al participar en relación con la “Autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos”, el diputado Aristóteles Tito Arroyo (Morena) manifestó que esto no es sinónimo de secesión o separación del Estado mexicano; lo que demandan es autonomía hacia el interior del Estado, como una respuesta al debilitamiento de su capacidad de decisión frente al impulso de los poderes económicos y fácticos.
Agregó que la reforma constitucional en la materia debe reconocer las distintas culturas del estado, lo que hasta el momento no se ha hecho, y prueba de ello es que el sistema jurídico estatal no ha modificado su estructura y sigue respondiendo a la cultura de la imposición y del individualismo, y no a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
En otro punto, la diputada Guadalupe González Suástegui habló sobre la eliminación de 109 fideicomisos públicos a nivel federal para atender la crisis por la pandemia del COVID-19. La legisladora del PAN externó su preocupación porque esto es síntoma de que no hay una conducción acertada de las finanzas públicas.
Refirió que con esto el Gobierno Federal habrá de dejar en estado de indefensión a la población ante los desastres naturales, y echará por la borda muchos años de investigación y avances en ciencia y tecnología, ante lo cual hizo un llamado a la sociedad para organizarse por este intento de desmantelar a las instituciones de México.
Intervinieron en relación con la extinción de los fideicomisos los diputados de Morena Jesús Villanueva Vega, Alfredo Sánchez Esquivel, Ricardo Castillo Peña y Arturo Martínez Núñez, quienes coincidieron en señalar que las acciones implementadas tienen a continuar la lucha contra la corrupción y lograr la eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, para lo cual se realizan reformas legales. Destacaron que es necesario el fortalecimiento de los programas sociales en favor de los que menos tienen, luego de que en administraciones anteriores se ha tenido nula eficacia en el cumplimento de los objetivos.
También participaron en torno al tema de los fideicomisos la diputada Dimna Salgado Apátiga (PRD) y el diputado Heriberto Huicochea Vázquez (PRI), quienes indicaron que todo recurso público debe ser auditado, independientemente del esquema de ejecución del gasto y su destino específico. Consideraron que antes de tomar medidas para su desaparición, se debió de hacer la corrección de los mecanismos de control, ya que su cancelación causará problemas en diferentes programas sociales.
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