Chilpancingo, Gro., a 17 de noviembre del 2020.- A propuesta del diputado Róbell Urióstegui Patiño, el Congreso de Guerrero exhortó al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que realice las gestiones necesarias para la transferencia de recursos existentes en el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, conocidos como ex braceros.
El exhorto plantea, además, que se establezcan las reglas a través de las cuales los ex braceros o sus herederos puedan acceder al beneficio que se les venía otorgando como resarcimiento del incumplimiento al reintegro de sus ahorros causado por los descuentos que se les hicieron a su salario, a través de los convenios de trabajo concertados con Estados Unidos en los años de 1942 a 1964.
El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD refirió que el pasado 6 de noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó reformas a diferentes fideicomisos, incluido el apoyo a ex braceros, ante lo cual el legislador consideró urgente realizar este exhorto.
Urióstegui Patiño reiteró la importancia de que la administración de este fideicomiso sea mediante reglas claras y límites tanto para beneficiarios como el Gobierno Federal, a fin de transparentar y rendir cuentas sobre el manejo y destino de los recursos.
Iniciativas
A la Comisión de Justicia se turnó una iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal para reformar el Código Penal del Estado, con el objeto de que se contemple el tipo penal sobre “Delito cometido por informantes”, relativo al uso indebido de información de las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, y del sistema penitenciario, conocido como “halconeo”, ilícito que se castigará con dos y hasta 15 años de prisión.
El diputado Jesús Villanueva Vega (Morena) propuso adicionar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para dotar de las herramientas necesarias al personal operativo de dicha Institución, que permita la identificación precisa de las personas requeridas por la justicia, evitando casos de homonimia durante las órdenes de aprehensión o reaprehensión. Esta propuesta se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis dictaminación.
Por su parte, el diputado Marco Antonio Cabada Arias (Morena) presentó una iniciativa de adición al Código Penal del Estado para considerar como delito de “fraude específico” el hecho de que, valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, se obtenga ventajas usurarias por medio de contratos o convenios que estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado. La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia.
Asimismo, a la Comisión de Justicia se turnó una iniciativa propuesta por el diputado Carlos Cruz López (Morena) para adicionar el Código Penal del Estado y contemplar el delito de “corrupción de personas menores de edad”, cuando a través de las redes sociales alguien engañe y se aproveche de un menor de 18 años, con discapacidad o que no comprende el significado del hecho, y los inciten a cometer actos de exhibicionismo corporal o sexual, prostitución, consumo de narcóticos, la comisión de un delito o formar parte de un grupo delictivo, actos que se castigarán de cuatro a 10 años de prisión.
Por su parte, la diputada Fabiola Rafael Dircio (PRD) propuso derogar el artículo 59 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, con el objeto de evitar que la impartición de justicia sea vulnerada a las partes dentro de los procedimientos administrativos, derivado de la parcialidad con la que puede conducirse el personal (asesor jurídico) del Tribunal de Justicia Administrativa, y tomando en cuenta que ya existe una institución encargada de proporcionar asesoría jurídica gratuita, como lo es la Defensoría Pública, en favor de los particulares. La propuesta se turnó a la Comisión de Justicia para su dictaminación correspondiente.
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