Reclaman opacidad y simulación en combate a la corrupción

 *Al ser a su vez auditada, niega información sobre sus propias investigaciones contra la corrupción, con lo que incumple la ley.

*En particular, dijo no tener ya el expediente sobre inconsistencias y anomalías descubiertas en el patrimonio de un líder sindical.

El diputado Jorge Casarrubias Vázquez calificó al combate a la corrupción del actual Ejecutivo Federal como “metáfora discursiva”, ya que su propio órgano de control interno -la Secretaría de la Función Pública (SFP)-, incumple la ley al negar información y documentación al órgano de control del Legislativo Federal, es decir, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Durante la reunión de la Comisión de Vigilancia de la ASF -que es el órgano facultado para revisar las cuentas públicas de la Federación, incluidas por supuesto las de la SFP, y que depende de la Cámara de Diputados-, el perredista reconoció el profesionalismo y eficacia del personal de la ASF.

Contrastó esas cualidades con la opacidad con la que se conduce la SFP, ya que cuando se le auditó y requirió información sobre sus investigaciones a un líder sindical por presuntas inconsistencias, anomalías e incongruencias en su patrimonio, respondió que no tenía el expediente porque ya lo había remitido a su propia Unidad de Asuntos Jurídicos, como si esta Unidad fuera ajena.

El legislador federal por Guerrero pidió revelar la identidad de ese líder sindical, pero también demandó a la SFP cumplir la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en cuanto a rendición de cuentas y la transparencia, los que debe tener como base de su actuación, por lo que debe entregar toda la información que le requirió la ASF.+

Denunció que, por el contrario, la SFP ha obstaculizado la fiscalización que la ASF debe realizar a su labor.

Por ello, este órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados presume que la negación y la falta de entrega de información y documentación por parte de la SFP podrían ser  constitutivos de actos de simulación, según lo prevé el artículo 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Consideró evidente que la entidad fiscalizadora del Ejecutivo Federal, al ser a su vez fiscalizada por la ASF, no cumplió los principios de legalidad, transparencia y debida rendición de cuentas a los que está obligada a promover como parte del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización.

Agregó que esta opacidad y simulación no es privativa de la SFP, sino general a todo el gobierno, pues tan sólo de la revisión de la Cuenta Pública de 2019 resultaron 7 mil 141 observaciones, solicitudes de aclaración, promociones de responsabilidad administrativa, recomendaciones y solicitudes de promoción de facultades de comprobación fiscal.

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