“Llegará a la Corte” pleito legal por Ley de Hidrocarburos

Luego de que se suspendiera indefinidamente y con efectos generales la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los jueces de apoyar a las empresas inconformes que están haciendo “jugosos negocios” en la importación de gasolina y diesel.

“Tenemos que poner orden, de eso trata la Ley de Hidrocarburos. Por eso los que estaban haciendo estos jugosos negocios están inconformes y cuentan con el apoyo de los jueces, que son muy eficaces cuando se trata de defender intereses de grupos particulares con recursos económicos, no así cuando se trata de amparar y proteger al pueblo, esa es una deformación que en el funcionamiento del poder judicial”, señaló el mandatario mexicano en su conferencia mañanera.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo recordó que el proceso se va concluir en la Corte, porque se trata de una ley aprobada en el Congreso y su gobierno le dará seguimiento al cumplimiento de estas leyes con el objetivo de defender la economía popular; además subrayó que tienen la posibilidad de oponerse a esta resolución con el argumento de que el Estado pueda garantizar que no haya robos y se pueda cumplir con el compromiso de que no aumente el precio de las gasolinas y de otros combustibles.

López Obrador advirtió que si Pemex no tiene la rectoría en la distribución de los combustibles seguirá el huachicol, que se originó, dijo, en la pasada administración con la entrega de más mil permisos para la importación de gasolina y diesel a personas “que ni si quiera se dedicaban a esta actividad”.

Los jueces federales Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza López Figueroa concedieron las suspensiones indefinidas contra la polémica reforma impulsada por López Obrador, para modificar las reglas del mercado, con el objetivo de beneficiar a Petróleos Mexicanos y restringir la participación de la iniciativa privada.

Cinco titulares de permisos solicitaron la suspensión indefinida, pero esta se aplicará de manera general a todas las empresas del sector que reclaman contra el estatuto publicado el pasado 4 de mayo.

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