La Fiscalía General de la República podría imputar a Felipe Calderón, Ernesto Cordero, García Luna, Vega Casillas, Sales Heredia y a otros exfuncionarios por fraude genérico, administración fraudulenta, ejercicio ilícito del servicio público y daño patrimonial relacionado con ocho contratos plurianuales para construir y prestar servicios a reclusorios federales.
Bajo la artimaña de que había riesgo a la seguridad pública, el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa otorgó por ’adjudicación directa’, en 2010, ocho contratos plurianuales a seis empresas privadas: ICA, Prodemex, Arendal, Homex, Tradeco y GIA, para construir y prestar servicios a ocho centros penitenciales en el país, lo que obliga al gobierno federal a entregar recursos públicos durante 22 años, hasta 2032, por 199 mil 476.6 millones de pesos, a razón de 9 mil 3 millones 418 mil pesos por año.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la actuación de esos servidores públicos configura los delitos penales de fraude genérico, administración fraudulenta, ejercicio ilícito del servicio público y daño patrimonial al Estado mexicano, pues quedó al descubierto que las seis empresas adjudicadas directamente subcontrataron a otras ocho empresas para construir y dar servicios a los penales, lo que deja en evidencia el supuesto riesgo de la seguridad pública al compartir con terceros información sobre la edificación y servicios de los penales, así como la adjudicación directa por ser un asunto de seguridad pública.
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