viernes, 17 de diciembre de 2021

Avanza en el Congreso de Guerrero la aprobación de leyes de ingresos municipales 2022

El Congreso del Estado vigilará que la transparencia no sea sólo un principio constitucional, sino que también sea un modo de vida cotidiano de los ayuntamientos que dé confianza a la ciudadanía sobre el uso de los recursos, aseguró el diputado José Efrén López Cortés, a nombre de la Comisión de Hacienda.

Esto al fundamentar los dictámenes de las Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022 para los municipios de Arcelia, Cochoapa El Grande, Copalillo, Coyuca de Catalán, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Metlatónoc, Olinalá, Tecpan de Galeana, Xochihuehuetlán y Xochistlahuaca, con los que suman 70 de 81 ordenamientos jurídicos.

Desde tribuna, el diputado manifestó que para cumplir con las tareas que conlleva el gasto público, los gobiernos municipales deben justificar la recaudación de sus ingresos que obtengan de los particulares y de los sectores públicos, para cumplir las necesidades elementales

Es por ello, agregó, que deben enviar al Congreso sus Leyes de Ingresos, cuya Comisión de Hacienda analiza y les hace los ajustes necesarios para dictaminar que la captación de ingresos sea justa y sin incrementos por encima del 3 por ciento.

’Se cuidó que pese a los niveles inflacionarios que afectan a la República e incluso al plano internacional, al contribuyente no se le afectara en su economía elemental. Esta comisión ha venido construyendo una práctica legislativa que antepone los intereses del pueblo, favoreciendo en todo momento la economía doméstica, que se traduce en bienestar’, apuntó.

En ese sentido, aseguró que el modelo de comunicación establecido por la comisión con los alcaldes trajo como consecuencia un intercambio de visiones y propuestas, que permitió conocer de viva voz las justificaciones que dieron motivo a cada uno de los impuestos, derechos y contribuciones plasmados en las iniciativas.

Destacó por último que se analizó cuidadosamente que no fuera aprobado algún concepto de ingresos que contraviniera a la Constitución, ni que colisionara algún principio tributario y los principios que rigen en materia de derechos humanos.

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