En febrero pasado, el valor de la producción de obras de electricidad y telecomunicaciones hiló 32 meses de caídas anuales y extendió la que ya es la crisis de mayor duración que haya enfrentado este ramo del sector de la construcción desde el 2006, cuando el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) inició la medición del indicador.
Medido en pesos del 2013, el valor de las obras eléctricas y de telecomunicaciones durante el segundo mes del año fue de 734 millones 698,000 pesos, su segundo menor nivel histórico tras el del mes previo, enero, cuando el indicador tocó fondo al registrar 717 millones 256,000 pesos.
El subsector eléctrico es así el más rezagado en comparación con los niveles prepandemia, con una caída de 57.7% en febrero del 2022 respecto del mismo mes del 2020, superando por mucho al promedio del sector (-11.6%) y a otros renglones como el de obras de edificación (-19.7%), agua, saneamiento y urbanización (-9.6%) y transporte (-6.8 por ciento).
Si se compara con diciembre del 2018, su último pico, la caída de febrero es de 78.2 por ciento. Las caídas anuales del indicador iniciaron, a su vez, en julio del 2019, ocho meses después de iniciado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que a la fecha se hilan ya 32 meses de retrocesos en comparativos de 12 meses.
Esta crisis coincide con un golpe de timón en las políticas públicas del sector eléctrico del actual gobierno, todas con el común denominador de fortalecer la dominancia de mercado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Entre las medidas más relevantes, destacan las cancelaciones de una licitación para la construcción de una línea de transmisión desde el Istmo de Tehuantepec al centro del país –que serviría para ampliar las vías de desfogue para la generación eólica en esa región– y de otro concurso para construir otra línea que conectaría el sistema eléctrico nacional con el sistema aislado de Baja California. “Desde el principio del actual sexenio se cancelaron las líneas de transmisión, los grandes proyectos que eran indispensables para hacer unificar la red nacional que pudiera aprovechar la energía renovable, sobre todo eólica de Oaxaca y del Sur”, comentó Gamas.
Además, este gobierno suspendió las subastas eléctricas para la compra de energía para el suministro básico y de potencia, con lo que prácticamente se detuvo la construcción de nuevas centrales de generación para atender la demanda eléctrica futura.
CFE no crece capacidad
Paralelamente, la CFE prácticamente no ha tenido inversiones relevantes para la ampliación de su capacidad eléctrica en lo que va del sexenio y fue hasta finales del año pasado cuando planteó nuevos proyectos, como la construcción de seis centrales de ciclo combinado, la repotenciación de sus centrales hidroeléctricas y la construcción de un parque fotovoltaíco en Puerto Peñasco, Sonora.
“La CFE se ha ido muy despacio tratando de licitar y luego terminó asignando directamente las nuevas centrales de generación con gas, en buena medida porque hay resistencia del sector privado a entrar a estas obras porque los esquemas de pago no han estado muy claros ni han dado confianza”, agrega Gamas. Para el final del sexenio el panorama no es alentador, pues aunque no prosperó la iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad que planteaba devolver a la CFE el monopolio de la venta de electricidad al consumidor final y cancelar definitivamente las subastas eléctricas, gracias a la Suprema Corte de Justicia se mantienen vigentes las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica del 2021, que establecen un nuevo orden de despacho de energía eléctrica que relega las centrales generadoras de privados.
“La IP está absolutamente ahuyentada. Es difícil pensar que habrá mucha inversión privada en el sexenio porque la incertidumbre es total, los nuevos generadores no tienen certeza de si se les va a permitir interconectarse”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario