Chilpancingo, Gro., 17 de noviembre de 2026.- Diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron reformas a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero, con el objeto de que se promuevan políticas públicas, programas y acciones institucionales orientadas al reconocimiento, apoyo y protección de personas que realizan labores de cuidado no remuneradas, particularmente aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, contribuyendo a la reducción de las brechas de desigualdad derivadas de la división sexual del trabajo.
Al fundamentar el dictamen de una iniciativa presentada por la diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena), la diputada Leticia Mosso Hernández, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, destacó que estas modificaciones parten de una realidad que durante mucho tiempo ha permanecido invisibilizada, como son las labores de cuidado no remuneradas, mismas que han recaído históricamente y de manera desproporcionada sobre las mujeres.
Indicó que estas actividades son indispensables para sostener la vida familiar y social, tales como cuidar a niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad o familiares que requieren atención y acompañamiento, mismas que con frecuencia no reciben el reconocimiento social e institucional que merecen.
“Esta distribución desigual del trabajo de cuidados tiene consecuencias directas en la vida de las mujeres, pues limita sus oportunidades de acceder a un empleo, continuar sus estudios, desarrollarse profesionalmente, alcanzar autonomía económica e incluso participar en la vida pública”, sostuvo.
Abundó que, por las razones citadas, es necesario que el Estado reconozca esta realidad y promueva políticas públicas que permitan disminuir las desigualdades que se generan a partir de la división sexual del trabajo, mediante el fortalecimiento de la Ley, incorporando disposiciones que permitan impulsar políticas públicas, programas y acciones institucionales en la materia.
Con ello, indicó, se busca que el reconocimiento del trabajo de cuidados no se quede únicamente en el discurso, sino que se traduzca en acciones desde las instituciones públicas, con una visión de igualdad sustantiva y justicia social.
Remarcó el objetivo de fortalecer la redacción de las disposiciones vigentes, incorporando una fracción IV al citado ordenamiento que establece la promoción de políticas públicas, programas y acciones institucionales orientadas al reconocimiento, apoyo y protección de las personas que realizan labores de cuidado no remuneradas, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.
Asimismo, con las reformas a las fracciones II y III, y una adición a la fracción IV del artículo 56, se busca avanzar hacia un modelo en el que los cuidados sean reconocidos como una responsabilidad compartida, y en el que las instituciones públicas impulsen acciones para reducir las cargas desproporcionadas que históricamente han enfrentado las mujeres.

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